El Gobierno de Mendoza lanzó oficialmente el Registro Integral de Proyectos Mineros, una herramienta que busca centralizar y transparentar la información de todas las iniciativas extractivas en la provincia. Aunque la intención declarada es mejorar la fiscalización y asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales, el anuncio generó inmediatamente una profunda preocupación entre organizaciones ecologistas y asambleas vecinales.
La palabra clave Proyectos Mineros Mendoza está intrínsecamente ligada al debate sobre el uso del agua y el impacto ambiental. Si bien la ley provincial 7722 sigue siendo el marco regulatorio que prohíbe el uso de sustancias tóxicas, la creación de este registro despierta el temor de que se esté allanando el camino para flexibilizar la supervisión o, peor aún, que se esté preparando el terreno para la reactivación de proyectos que fueron rechazados socialmente en el pasado.
La preocupación radica en la letra chica de la regulación. Los ambientalistas exigen que el registro no solo sea interno, sino que la información sobre las auditorías, los planes de impacto ambiental y, crucialmente, el uso de recursos hídricos, sea de acceso público y en tiempo real. La desconfianza se basa en la historia de la actividad minera en el país, donde la fiscalización ha sido históricamente débil.
Este nuevo sistema obligará a todas las empresas a detallar sus procesos, desde la exploración hasta la explotación, prometiendo un control más estricto por parte de las autoridades provinciales. Sin embargo, la sociedad civil cuestiona si la capacidad técnica y humana de la provincia es suficiente para auditar eficazmente a gigantes corporativos con recursos ilimitados.
La creación del registro es un movimiento político que busca equilibrar la necesidad de desarrollo económico con la protección ambiental. No obstante, en una provincia tan sensible al tema del agua como Mendoza, cualquier iniciativa relacionada con proyectos mineros se mira con lupa. La preocupación no desaparecerá hasta que el Gobierno demuestre con hechos que esta herramienta es sinónimo de transparencia real y no una cortina de humo para acelerar la explotación de recursos. La promesa de valor del registro es la certeza; el riesgo es que termine siendo lo contrario.
