La diáspora venezolana es una de las crisis migratorias más grandes de la historia reciente, con millones de personas buscando refugio y oportunidades en países vecinos. Chile ha sido uno de los principales destinos, pero la convivencia y la gestión de la crisis han generado tensiones políticas y sociales. Recientemente, organizaciones de derechos humanos denunciaron la implementación de una «medida secreta» por parte del gobierno chileno que afecta directamente a la comunidad de Venezolanos en Chile, desatando «indignación total» a nivel regional.
La «medida secreta» no es una ley formalmente aprobada, sino una directriz administrativa interna en el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) que busca acelerar la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a miles de Venezolanos en Chile. Este estatus permite a los migrantes trabajar y residir legalmente de manera temporal. La directriz exige a los solicitantes renovar su TPS con una carga documental imposible de cumplir para la mayoría, incluyendo certificados de antecedentes penales apostillados de Venezuela con una antigüedad no mayor a tres meses.
La «indignación total» de las ONG se debe a que saben que la obtención de tales documentos en Venezuela es un proceso burocrático, costoso e ineficiente, diseñado para ser inaccesible para quienes no tienen recursos o contactos. Al no poder presentar la documentación requerida, miles de Venezolanos en Chile pasan automáticamente a una situación de irregularidad migratoria. Esta estrategia encubierta es vista por los organismos internacionales como una forma de expulsión indirecta.
