El caso que sacudió los cimientos de la educación en Mendoza dio un giro decisivo tras la realización de la Cámara Gesell a la alumna de la Escuela Lemos, presunta víctima de abuso sexual. La adolescente, asistida por profesionales, ratificó de manera contundente y detallada los hechos que denunció, señalando directamente a personas que trabajaban en la obra de refacción del establecimiento.
La fiscalía a cargo de la investigación confirmó que, tras el testimonio, la mira se posó sobre siete obreros que fueron identificados y que ahora son el foco de las medidas judiciales urgentes. La causa, caratulada como «abuso sexual con acceso carnal», es de extrema gravedad y exige un rápido accionar de la Justicia para evitar la fuga o la manipulación de pruebas.
Las medidas tomadas y la conmoción en la comunidad
Inmediatamente después de la Cámara Gesell, el juez de garantías ordenó la restricción de acercamiento para todos los implicados, y se espera que en las próximas horas se soliciten las detenciones formales, ya que existe un fuerte riesgo procesal. La evidencia testimonial es ahora el pilar de la acusación.
La comunidad educativa de la Escuela Lemos, ubicada en una zona sensible del Gran Mendoza, vive momentos de profunda angustia. Padres y directivos exigen que se extremen las medidas de seguridad en todas las instituciones que estén bajo obras o mantenimiento. La Dirección General de Escuelas (DGE) ya anunció un protocolo de «Cero Tolerancia» que prohíbe el contacto directo de cualquier trabajador externo con los estudiantes sin la supervisión constante de un directivo.
“Sentimos que el Estado nos falló. Confiamos en que nuestros hijos estaban seguros en la escuela y no fue así. Queremos justicia y que caigan todos los responsables de este horror”, declaró un grupo de madres a la salida del Palacio de Justicia.
El caso Escuela Lemos no solo pone en relieve la vulnerabilidad de los menores, sino que también subraya la urgente necesidad de revisar los procesos de contratación y control del personal que tiene acceso a los predios escolares. La fiscalía analiza ahora las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas y los registros de ingreso y egreso de los obreros para complementar el testimonio de la valiente alumna y formalizar las imputaciones en la próxima audiencia.
