El nuevo gravamen aprobado en la provincia ha generado un inmediato malestar entre miles de vecinos que circulan a diario. Las cifras exactas demuestran que el aumento en los costos de vida será una carga insostenible.
La noticia cayó como un baldazo de agua fría para los frentistas y usuarios habituales de la Ruta Provincial 82 (conocida como el Corredor del Oeste) y la Ruta Provincial 99, arterias fundamentales para la conectividad del Gran Mendoza. La Legislatura provincial dio media sanción a un proyecto que, bajo la figura de una “contribución por mejoras”, impone un cobro extra a los vecinos cuyas propiedades se ven beneficiadas por las obras viales ya finalizadas o en curso.
Aunque la justificación oficial del Gobierno apunta a la necesidad de recuperar la inversión millonaria realizada en infraestructura, el método y el monto han encendido una chispa de indignación social. Las asociaciones de vecinos califican la medida como un «impuestazo disfrazado», argumentando que las mejoras viales benefician a toda la provincia y no solo a los frentistas, quienes ya pagan impuestos inmobiliarios altos.
¿De cuánto es el impacto en tu economía?
El sistema de cobro rutas establece una tasa que variará según el tamaño de la propiedad y la cercanía a las mejoras. Fuentes legislativas estiman que el cargo anual para una vivienda promedio en Chacras de Coria o Luján podría oscilar entre los 300.000 y 800.000 pesos, una cifra que, de un día para otro, se incorpora a la carga impositiva.
“Es un despropósito. Yo uso la ruta, sí, pero mi casa vale la mitad de lo que pagan otros. ¿Cómo pueden determinar que solo nosotros debemos financiar estas obras?”, cuestionó Marta G., vecina de Vistalba, en diálogo con Box Diario.
El mecanismo de cobro, que se integrará a la boleta de impuestos, ya generó recursos de amparo por parte de estudios jurídicos especializados que buscan frenar la medida antes de su implementación definitiva. Sostienen que se vulnera el principio de igualdad tributaria, ya que las obras de infraestructura de este tipo deberían ser costeados por la recaudación general y no por un sector específico.
El impacto no es solo económico, sino también político. La oposición calificó la aprobación como un “saqueo” a la clase media mendocina y advirtió que la medida podría sentar un precedente peligroso para futuras obras en toda la provincia. La pelea legal y social recién comienza. Los legisladores defienden la norma, asegurando que es la única vía para garantizar un modelo de desarrollo vial sostenible, pero la ciudadanía se prepara para una dura batalla contra este inesperado costo de circulación.
