En una declaración contundente, el Partido Verde de Mendoza ha levantado su voz en contra de los considerables incrementos tarifarios propuestos por Aguas Mendocinas S.A. (AySam), alertando sobre la posibilidad de un aumento del 200% en las facturas de agua para los hogares mendocinos entre agosto y enero.
Desde el Partido Verde de Mendoza, la posición es clara: los aumentos propuestos no solo son considerados exorbitantes, sino que también indican una falta de conexión alarmante con la situación económica actual de los ciudadanos mendocinos, cuyos ingresos han sufrido a causa de la persistente crisis económica.
La audiencia pública crucial tuvo lugar el pasado martes 21 de noviembre, convocada por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) a través de la resolución 62/2023. El propósito de la audiencia era debatir el ajuste tarifario del servicio hídrico en la provincia.
A lo largo del presente año, las familias mendocinas ya han enfrentado un aumento del 79.11% en la tarifa de agua y saneamiento, al cual se añade un adicional del 10% destinado a un fondo para futuras inversiones, tasas e impuestos. De manera aún más preocupante, un 40% de este ajuste se aplicó en tan solo tres meses, entre agosto y octubre. Ante la posibilidad de nuevos aumentos en diciembre, surge la pregunta: ¿Es razonable esperar que la ciudadanía asuma otro incremento tan drástico?
El Partido Verde de Mendoza destaca que el acceso al agua es un derecho humano fundamental y sostiene que este acceso no debería estar condicionado por políticas tarifarias que lo pongan en peligro. En un llamado a la acción, insta a las autoridades y a la sociedad civil a unirse para encontrar soluciones equitativas que aseguren este derecho sin amenazar la estabilidad económica de las familias de la provincia.
Con propuestas de aumentos del 46% a partir de diciembre y del 105.27% en enero, el Partido Verde denuncia una aparente estrategia de AySam y el gobierno para aprovecharse de la situación política e inflacionaria del país en beneficio propio. Estos números, según el partido, no solo son desproporcionados sino también insultantes para la ciudadanía.
Adicionalmente, la propuesta de añadir un 10% más para «inversiones futuras,» que incluye el arreglo de veredas, genera cuestionamientos. El partido señala que gastos corrientes, como las reparaciones de veredas, no deberían considerarse inversiones futuras y sospecha de un intento de pasar estos gastos como inversiones para justificar un aumento adicional.
El aumento propuesto, según el Partido Verde, impacta directamente en los bolsillos de los usuarios familiares, y acusa a la empresa de no mostrar reparos en endeudar a las familias y retirarles el servicio. Las menciones a la inflación y el tipo de cambio, en opinión del partido, no justifican que el ciudadano promedio deba cargar con la falta de previsión o gestión de la empresa.
Antes de contemplar aumentos tarifarios, el Partido Verde sugiere que la empresa debería revisar internamente sus costos, especialmente los gastos políticos que no están sujetos a auditoría. El partido destaca la aparente falta de eficiencia en la empresa, señalando que tiene más supervisores que empleados y altos niveles de corrupción con empresas tercerizadas, así como negocios con estudios jurídicos que triplican el valor de una deuda.
El prolongado tiempo y las frecuentes reparaciones de pérdidas en toda la provincia, según el Partido Verde, son consecuencia directa de la necesidad de potabilizar el doble de lo que se consume en los hogares. Esto implica mayores gastos en la compra de agua cruda, cloro y químicos para potabilizar, electricidad y mantenimiento para el bombeo de la red de distribución, y costos operativos de reparaciones recurrentes.
El Partido Verde sostiene que este intento de aumento huele a corrupción y falta de transparencia, acusando a la empresa de cargar aumentos contra los usuarios después de las elecciones. Hace un llamado a los funcionarios públicos y las empresas estatales a ajustarse el cinturón y dejar de ser fuentes de corrupción y enriquecimiento.
