La Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza (AFJM) llevó al Gobierno de Alfredo Cornejo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por lo que considera una discriminación salarial contra el personal jerárquico del Poder Judicial. El gremio presentó un recurso de queja por extraordinario denegado, después de que la Suprema Corte de Mendoza rechazara habilitar esa instancia, según informó Diario UNO.
El reclamo: el adicional 3.422
El conflicto gira alrededor del adicional 3.422, un ítem creado en 2007. De acuerdo con la presentación del gremio, ese adicional quedó congelado en su porcentaje original para los funcionarios jerárquicos, mientras que el resto de los empleados judiciales recibió incrementos diferenciales:
- 11,5% en 2018.
- 13% en diciembre de 2022.
La AFJM reclama los retroactivos del período 2021-2023 y sostiene que el Ejecutivo condicionó la negociación. Según el gremio, existió «coacción en la negociación», porque se exigía «fusionar o canjear» otro ítem, el adicional 1.180, a cambio de mejorar el ítem común.
El rechazo de la Corte provincial
El 8 de septiembre, la Suprema Corte de Mendoza denegó el recurso extraordinario federal con el que el gremio pretendía llegar a la Corte nacional. Firmaron ese rechazo los ministros Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio. Frente a esa negativa, la AFJM acudió directamente al máximo tribunal del país mediante la queja, la vía prevista para estos casos.
La presentación se suma a un clima tenso entre el Gobierno y los trabajadores estatales. La semana pasada ATE declaró el estado de alerta contra el nuevo régimen laboral de salud, y la discusión del peso de los sueldos en el Presupuesto 2027 volvió a poner la masa salarial en el centro del debate.
Qué dice el Gobierno
El Ejecutivo provincial no fijó posición pública sobre la presentación ante la Corte nacional. Box Diario consultó la información pública del Gobierno y no encontró una respuesta oficial sobre este punto. En sede provincial, la postura que prevaleció fue la de la Suprema Corte mendocina, que no habilitó el recurso.
Por qué importa
El caso tiene un componente institucional: enfrenta a funcionarios del Poder Judicial con el Ejecutivo por la política salarial de ese mismo poder, en un momento en que la Justicia mendocina está bajo la lupa por causas sensibles, como la causa D’Agostino. Si la Corte nacional abriera el caso, podría sentar un precedente sobre cómo se distribuyen los aumentos dentro de la planta judicial.
Qué sigue
- La Corte Suprema de la Nación debe decidir si admite la queja. Puede rechazarla in limine sin analizar el fondo.
- Si la admite, revisará si hubo trato desigual en la aplicación del adicional 3.422.
- Los plazos del máximo tribunal suelen ser largos: no hay fecha estimada para una resolución.
Fuentes: Diario UNO, Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza, Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
