El Triple Crimen de Florencio Varela, donde tres jóvenes fueron brutalmente asesinados en un aparente ajuste de cuentas narco, ha tomado un giro judicial dramático que está generando una ola de indignación nacional. La decisión de pasar el expediente al fuero federal, lejos de ser un avance, ha sido leída por las familias de las víctimas como una maniobra para «ocultar» un dato vital que compromete a la cadena de mando.
El «dato aterrador» que la Justicia provincial habría minimizado es la existencia de una serie de llamados telefónicos cruzados entre uno de los presuntos sicarios y una línea que pertenece a un alto funcionario de la policía bonaerense, quien operaba en la zona de Quilmes y Varela. Este funcionario, a su vez, estaría siendo investigado por presuntos vínculos con el tráfico de estupefacientes en la zona sur del conurbano.
La indignación radica en que el traspaso al fuero federal podría significar que esta pista específica se diluya entre los grandes expedientes de narcotráfico, archivando de facto la conexión política. El misterio no es quién apretó el gatillo, sino quién dio la orden y por qué la justicia local no siguió esa línea. Este crimen, que parecía de barrio, se revela como una cloaca que conecta a la calle con los despachos, y la sociedad clama por una verdad que se escurre entre jurisdicciones.
