El plan de ajuste fiscal del Gobierno Nacional ha tenido una de sus consecuencias más visibles y dolorosas en el empleo: la cantidad de empleados de la administración pública se ha reducido en un alarmante 17% desde el inicio de la gestión. La cifra, confirmada por informes oficiales, siembra un profundo miedo en el resto de los trabajadores estatales, quienes esperan el anuncio de la próxima ola de recortes. El miedo se intensifica con la filtración de un documento interno que detalla la «lista» de áreas con contratos a término que no serán renovados.
El documento filtrado, que es la nueva versión del organigrama estatal, pone el foco en la automatización de tareas y la digitalización de procesos. El miedo se concentra en dos áreas principales: 1) Servicios de Back-Office y Contabilidad: La IA se ha implementado en la gestión de expedientes y la liquidación de sueldos, haciendo redundante gran parte del personal administrativo. 2) Entes Descentralizados y Reguladores: Se propone la eliminación o fusión de al menos siete organismos que el Gobierno considera duplicados o ineficientes, afectando a miles de empleados de la administración pública.
El miedo no es infundado. La estrategia del Gobierno no es solo económica, sino también política, buscando reducir el tamaño del Estado. El 17% de reducción ya se logró con la no renovación de contratos temporales y el congelamiento de vacantes por jubilación. La próxima fase, que causa un mayor miedo, involucra la revisión de contratos de planta permanente, justificando los despidos por «incumplimiento de funciones» o «ineficiencia laboral».
Para los empleados de la administración pública de Mendoza que dependen de organismos nacionales (ANSES, PAMI, INTA), el miedo es latente. La delegación de estos entes provinciales podría ser fusionada o reducida a su mínima expresión, impactando la calidad del servicio al ciudadano. Los gremios han convocado a un paro nacional de 48 horas en protesta por el achique, exigiendo un plan de reconversión laboral en lugar de despidos masivos. El miedo a perder el empleo estable se ha convertido en la mayor preocupación social en este contexto de crisis y reestructuración estatal. La «nueva lista» de recortes, aunque no oficializada, circula en los pasillos de la administración pública y mantiene la tensión al máximo.
