La tensión entre el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y el Gobierno de Mendoza ha encontrado un nuevo campo de batalla en un viejo conocido: el Ítem Aula. En una movida que tomó por sorpresa a gran parte del arco político y educativo, el gremio docente presentó formalmente una propuesta para «flexibilizar» el controvertido adicional por presentismo. Sin embargo, la respuesta de la Dirección General de Escuelas (DGE) fue aún más inesperada, abriendo un capítulo de incertidumbre y generando una fuerte indignación entre los educadores.
El Ítem Aula, implementado durante la gestión de Alfredo Cornejo como gobernador, es un componente del salario docente que premia el presentismo casi perfecto, penalizando económicamente las ausencias, incluso las justificadas por enfermedad. Desde su creación, ha sido el epicentro de un acalorado debate, calificado por los gremios como un «castigo» y defendido por el oficialismo como una herramienta para garantizar la presencia de los maestros frente a los alumnos. La nueva propuesta del SUTE no buscaba su eliminación total, sino una modificación sustancial de sus condiciones, permitiendo un número mayor de ausencias justificadas sin que impacte en el bolsillo del trabajador.
La expectativa del gremio era iniciar una negociación. La realidad fue un portazo. Fuentes de la DGE filtraron una respuesta contundente y sorpresiva: no solo no se contempla flexibilizar el ítem, sino que se está evaluando un endurecimiento de las condiciones a partir del próximo ciclo lectivo. La justificación, según trascendió, se basa en estadísticas internas que mostrarían un leve aumento del ausentismo en los últimos meses, argumento que el SUTE desmiente categóricamente, acusando al gobierno de manipular cifras para justificar una medida de ajuste.
Esta postura oficial desató una ola de indignación. «Es una provocación, una falta de respeto a los miles de docentes que sostienen la educación pública con salarios por debajo de la línea de pobreza», declaró Carina Sedano, secretaria general del SUTE. «Presentamos una propuesta de diálogo, sensata, para empezar a reparar una injusticia histórica, y nos responden con una amenaza. Está claro que para este gobierno, la educación es un gasto y los docentes, un número a ajustar», agregó.
El malestar se viralizó en redes sociales, donde docentes de toda la provincia compartieron sus experiencias, relatando cómo tuvieron que ir a trabajar enfermos o dejar a sus hijos sin cuidado para no perder el Ítem Aula. La polémica reaviva un debate de fondo sobre la precarización de la labor docente y la valoración social de la profesión. Mientras el gobierno se mantiene firme en su postura de «ordenar» el sistema, los maestros sienten que se les exige un sacrificio desmedido sin una contraprestación salarial justa. El conflicto, lejos de apaciguarse, parece estar entrando en una nueva fase de confrontación directa, con la amenaza de medidas de fuerza que podrían poner en jaque el inicio del segundo semestre escolar. La comunidad educativa, una vez más, queda en medio de una disputa que parece no tener fin.
