La Legislatura de Mendoza comienza el tratamiento del Proyecto Sectorial Judicial (PSJ) Cobre Mendocino, un plan que busca reactivar la minería Mendoza bajo estrictas normas ambientales. El debate en Diputados es de máxima tensión, con posturas irreconciliables entre el oficialismo y los ambientalistas.
El futuro económico de Mendoza pende de un hilo en la Cámara de Diputados, donde se inició el debate del Proyecto Sectorial Judicial (PSJ) Cobre Mendocino. Este proyecto busca dar el puntapié inicial a la explotación de cobre en el sur provincial, una iniciativa que promete miles de empleos e ingresos por exportación, pero que se enfrenta a una dura resistencia de los sectores ambientalistas.
El Debate se centra en la Ley 7722, que protege el agua y restringe el uso de ciertas sustancias en la minería Mendoza. El PSJ Cobre Mendocino argumenta que su tecnología de lixiviación de sulfuros cumple con todas las exigencias ambientales y que el impacto hídrico será mínimo. Sin embargo, las organizaciones ecologistas insisten en que la megaminería es incompatible con la matriz productiva vitivinícola y turística de la provincia.
La tensión en el debate político es máxima. El oficialismo, apoyado por la UOM y cámaras empresariales, presiona por una rápida aprobación, destacando la necesidad de diversificar la economía provincial. En contraposición, la oposición y los ambientalistas han convocado a movilizaciones frente a la Legislatura, exigiendo audiencias públicas más amplias y estudios de impacto independientes.
La clave del debate radica en los royalties y los controles. El proyecto contempla un sistema de fiscalización estricto para garantizar el cuidado del recurso hídrico, pero la desconfianza histórica hacia la minería Mendoza es profunda. La aprobación o rechazo del Cobre Mendocino no solo definirá un sector económico, sino que marcará la agenda política de los próximos años, demostrando que este es uno de los debates más sensibles para la identidad de la provincia.
