Escribe el diputado nacional Julio Cobos.
Argentina debe recuperar la educación como estandarte del desarrollo y modelo a imitar a nivel regional. El espejo dónde debemos reflejarnos es el de aquellas naciones que apostaron fuertemente a la educación como Finlandia, Corea del Sur, Israel, entre otras.
Recientemente, el Poder Ejecutivo presentó un Proyecto de Ley que propone un nuevo marco de financiamiento educativo para los próximos siete años, esto es una condición necesaria y excluyente, pero no suficiente; se requiere de una visión integral y de acciones más profundas. No se trata solamente de establecer un financiamiento, ese abordaje completo tiene que ver con la calidad de la educación, la capacitación docente, los contenidos curriculares, con el compromiso de los padres, el seguimiento del Estado ante la ausencia o abandono escolar, etc. Este es el círculo virtuoso del sistema educativo que necesitamos construir en Argentina, porque sólo ese conjunto de factores, harán que lo que se invierta tenga sus frutos.
Actualmente, se debate en el Congreso de la Nación sobre la base del proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional, los proyectos presentados con anterioridad y las sugerencias que hemos realizado desde la oposición, una modificación a la Ley Nº 26.075 que establece una inversión del 6% en el presupuesto de educación, aumentándola anualmente hasta alcanzar en el año 2030, el 8 % del PBI. Esta inversión estará destinada en un 6,5 % del PBI a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior no universitaria; y en un 1,5 % a la educación universitaria.
Además, el proyecto plantea modificar la proporción del esfuerzo que realizan, por un lado el Estado Nacional, y por el otro las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y el 40% por las referidas jurisdicciones. Estos cambios resultan necesarios y oportunos.
Actualmente, en el sistema educativo predomina una sustancial inequidad vertical en el financiamiento de la educación inicial, primaria y secundaria. Argentina posee aproximadamente 10,5 millones de alumnos en el nivel inicial, primario y secundario, de los cuales el 70% concurren a establecimientos públicos, este nivel representa el 75% del sistema educativo argentino, y el 25% restante lo completa el nivel terciario y universitario. Hoy, el financiamiento de esta población de alumnos se realiza en un 90% con recursos provinciales y sólo un 10% con recursos aportados por Nación.
La debilidad del aporte financiero de la Nación en los niveles inicial, primario y secundario, se explica debido a que un 60% o 70% del presupuesto del Ministerio de Educación se destina a las universidades públicas; a su vez, también se contabiliza como aporte de Nación el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por ello, queda un casi inexistente financiamiento nacional para los niveles primario y secundario.
En este contexto, es bienvenido el mayor esfuerzo fiscal que Nación haría en el financiamiento educativo, aunque se generan inquietudes respecto al cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos en vista a lo sucedido en los últimos años. La nueva Ley pretende incrementar la inversión en educación cuando aún no logramos cumplir el 6% actual, de hecho, la inversión en educación en relación al producto ha disminuido los últimos años. La meta de inversión no se alcanzó gran parte de los años en los cuales le Ley estuvo vigente. Desde 2010 el ritmo de inversión se desaceleró y osciló en promedio en torno al 5,5% del PIB (sólo un año alcanzó el 6% del PBI).
En relación con los objetivos que plantea la ley, muchos de ellos no son medibles y ya se encuentran en la Ley vigente N°26.075. Lamentablemente, se desconocen rendiciones de cuenta y balances integrales respecto a los avances en los objetivos priorizados en la Ley vigente, y cuáles son las principales materias pendientes.
Un objetivo no solo debe marcar un norte, también debe considerar metas concretas que indiquen el grado de cumplimiento de los mismos, aspecto poco considerado en las políticas implementadas. Por ello, sugerimos al Ministerio de Educación junto con las provincias, que se expliciten y formalicen las metas a alcanzar con el fin de poder realizar un efectivo seguimiento del cumplimiento en los objetivos priorizados. Además, es fundamental que se jerarquicen esos objetivos, que se establezca un orden priorizando los objetivos de primer nivel por sobre los de segundo y tercer nivel.
En materia de seguimiento el proyecto del Ejecutivo propone avanzar en la implementación en todo el país del “Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE); el cual permite tener en forma online, regular y sistemática la información nominalizada sobre las trayectorias educativas (matrícula, asistencia, calificaciones, pases, certificaciones y titulaciones) de los estudiantes de la educación obligatoria y especial. Esta es la implementación práctica de la ley de Cédula Escolar Nacional que oportunamente presentamos y aprobamos en el Congreso de la Nación, pero es fundamental que se aplique en forma completa y en todo el territorio nacional.
Evaluar la calidad educativa requiere de permanentes monitoreo y evaluaciones, que permitan identificar dónde están las debilidades del sistema y generar planes de mejora focalizados; aspectos sobre los cuales han existido limitados avances.
En relación a la evaluación, el proyecto contempla también implementar un Sistema Nacional de Evaluación bianual que incluyan los operativos nacionales e internacionales de evaluación y la evaluación formativa. Este aspecto resulta fundamental ya que en los últimos años se ha dado muy poca relevancia a la evaluación y calidad educativa, al punto extremo que recordemos que Argentina fue excluida de la Prueba PISA 2015 debido a la muestra insuficiente tomada por el País. Sin diagnóstico no hay norte a seguir ni conocimiento de la situación real, por eso fundamental la evaluación de la calidad educativa.
En cuanto a la articulación Nación-provincias, el proyecto establece que el Ministerio de Educación llevará a cabo convenios bilaterales con las provincias y con la CABA, en los que se establecerán en función de los objetivos establecidos en la ley, las metas anuales a alcanzar durante los próximos 10 años, los recursos financieros de origen nacional y provincial que se asignarán para su cumplimiento y los mecanismos de evaluación destinados a verificar su correcta asignación.
En este contexto, debe destacarse que los recursos de origen nacional destinados a las provincias para fortalecer la educación primaria y secundaria (fondos para políticas educativas e infraestructura) se instrumentan mediante la constitución de programas educativos nacionales o Planes Operativos Anuales Integrales. Estos fondos son de transferencias no automáticas, existiendo una alta discrecionalidad y tradicionalmente una débil planificación en la asignación de los mismos. La asignación de cada crédito nacional no responde a parámetros de distribución conocidos, no hay criterios objetivos de cuánto recibe cada provincia y el destino del crédito debe ser aprobado por la Nación.
El Proyecto no asegura que esta situación cambie. Hacia adelante, los Planes Operativos educativos deberían formar parte de la Ley de Presupuesto de cada año con el fin de dar mayor transparencia a la asignación de fondos, y mejorar planificación y control a los convenios bilaterales ratificados cada año.
A su vez, en materia de equidad en el reparto de fondos de Nación a provincias, se debería establecer que las transferencias se asignen bajo criterios específicos y conocidos, que contenga principios de reparto relacionados con la distribución nacional de la matrícula y de la población no escolarizada; la incidencia relativa de la ruralidad; la incidencia de la sobre edad escolar, la tasa de repitencia y la tasa de desgranamiento educativo; el cumplimiento de las metas anuales que se acuerden; entre otros.
Incrementar el financiamiento educativo y hacerlo de forma más eficiente y federal es un importante primer paso, pero no servirá de nada si no avanzamos con el resto de las reformas que requiere el sistema educativo argentino.
