El Gobierno de Mendoza que encabeza Alfredo Cornejo dispuso en lo que va de 2026 alrededor de 50 cesantías de empleados públicos, según un relevamiento de MDZ sobre las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. La mayoría de los casos se vinculan con inasistencias injustificadas, abandono del puesto de trabajo y certificados médicos considerados apócrifos. El dato se conoce mientras la Legislatura analiza el proyecto oficial para endurecer el régimen disciplinario de la administración pública.
La cifra hay que leerla en contexto: la planta estatal provincial sumaba 91.537 trabajadores al cierre de 2025, por lo que las cesantías representan una porción muy menor del total. Sin embargo, el Ejecutivo las exhibe como una señal política sobre el control del ausentismo, uno de los ejes de gestión que Cornejo viene sosteniendo desde el inicio de su segundo mandato.
Cesantías de empleados públicos en Mendoza: la cronología de 2026
De acuerdo con las publicaciones oficiales relevadas, las bajas se concentraron en varias tandas a lo largo del año:
- 23 de abril: 8 cesantías en la Dirección General de Escuelas (DGE), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad.
- 28 de mayo: 10 empleados de distintos ministerios.
- 30 de julio: otras 10 cesantías en diferentes áreas.
- 16 de septiembre: 3 bajas en la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
- 24 de septiembre: 14 cesantías y sanciones en la DGE, la ATM y el área de Transporte.
Los organismos con más casos fueron el Ministerio de Salud, la DGE, el área de Seguridad y Justicia y la ATM. En los expedientes aparecen agentes con 9, 14, 38, 42 y 60 faltas sin justificar, y un caso extremo que llegó a 332 inasistencias.
Por qué se despide a un empleado estatal
En la administración pública mendocina, la cesantía es la sanción más grave después de la exoneración y requiere un sumario administrativo previo. Según las resoluciones difundidas, los motivos más repetidos este año fueron:
- Inasistencias injustificadas reiteradas.
- Abandono del puesto de trabajo.
- Presentación de certificados médicos que la administración consideró falsos.
- Irregularidades administrativas detectadas en los sumarios.
En todos los casos, los datos personales de los agentes figuran en el Boletín Oficial, pero Box Diario no los reproduce por tratarse de trabajadores sin cargos políticos.
El proyecto para endurecer el régimen disciplinario
El relevamiento coincide con el envío a la Legislatura de una reforma impulsada por el Ejecutivo, que busca endurecer los controles sobre el ausentismo estatal. La iniciativa incorpora causales especiales de cesantía, entre ellas:
- Más de 6 inasistencias injustificadas en 6 meses.
- Abandono de servicio, configurado con 5 o más ausencias consecutivas.
- La acumulación de más de 30 días de suspensión en 12 meses.
Si el proyecto se aprueba, los plazos para llegar a una cesantía serían más cortos y las causales quedarían más claramente tipificadas, algo que el oficialismo presenta como una forma de agilizar sumarios que hoy pueden demorar meses.
El debate político y gremial
El tema llega en un momento sensible para la relación con los gremios estatales. En las últimas semanas, 16 sectores aceptaron la propuesta salarial de la paritaria 2026, pero las organizaciones sindicales suelen advertir que las reformas disciplinarias pueden afectar derechos adquiridos y que el ausentismo también responde a problemas de condiciones laborales, especialmente en salud y educación.
Para el oficialismo, en cambio, la discusión forma parte de una agenda de «orden» en el Estado que tiene lectura electoral: a un año de los comicios provinciales, el control del gasto y de la eficiencia estatal es uno de los temas que el radicalismo busca instalar, como se desprende de lo que anticipan los encuestadores sobre la elección a gobernador de 2027.
Qué sigue
El proyecto de reforma del régimen disciplinario deberá tratarse en comisiones de la Legislatura, donde el oficialismo cuenta con mayoría. Mientras tanto, los sumarios en curso continúan y no se descarta que se publiquen nuevas cesantías antes de fin de año. Para los empleados públicos mendocinos, el mensaje del Gobierno es claro: las faltas sin justificar y los certificados irregulares serán cada vez más difíciles de sostener sin consecuencias.
Fuentes: MDZ, Boletín Oficial de Mendoza.
