La causa Vialidad, que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, ha dado un giro trascendental con la reciente orden del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de avanzar con el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner. Este movimiento judicial no es solo un procedimiento legal, sino un golpe simbólico que ha desatado una ola de «indignación» en la opinión pública, reavivando el debate sobre la corrupción y la justicia en Argentina. La lista de propiedades a decomisar es extensa e incluye inmuebles, vehículos y cuentas bancarias, todos ellos vinculados a la condena por administración fraudulenta.
El «brutal secreto» que rodea este decomiso y que alimenta la «indignación» popular es el origen presuntamente ilícito de este patrimonio. Según la sentencia del TOF 2, estos bienes fueron adquiridos o incrementados gracias al dinero proveniente de los contratos de obra pública irregularmente adjudicados a empresas de Lázaro Báez. Al decomisarlos, la Justicia aplica la figura de «recuperación de activos», buscando devolver al Estado lo que se considera robado. Este proceso se realiza antes de que la sentencia quede firme en la Corte Suprema, una medida que los querellantes justifican por el riesgo de que los bienes sean dilapidados o transferidos.
La orden del decomiso a Cristina Kirchner ha polarizado a la sociedad. Mientras sus seguidores denuncian una «persecución política» y mediática que busca proscribir a la líder del peronismo, los sectores opositores celebran la medida como un avance necesario para la República. El proceso es complejo, ya que la Justicia debe tasar y subastar los activos, un procedimiento que tomará tiempo y que estará bajo la lupa pública. La «indignación» se centra en el hecho de que, de confirmarse el origen ilícito, el dinero y las propiedades no solo representan una pérdida económica para la expresidenta, sino un daño moral y material incalculable para el Estado argentino, que no recibió las obras prometidas. La lista de 20 propiedades y más de 12 vehículos decomisados son el símbolo de un entramado.
