La Suprema Corte de Justicia de Mendoza habilitó el decomiso automático de más de 8.000 vehículos secuestrados con una antigüedad superior a dos años que abarrotan los predios judiciales. La medida, que busca sanear los corralones, desató una rabia brutal entre los dueños que no pudieron recuperarlos.
La imagen de los corralones de Mendoza, atestados de miles de motos y autos abandonados que se pudren bajo el sol, es un símbolo de la ineficiencia judicial. Para revertir esta situación, la Suprema Corte de Justicia habilitó el decomiso y subasta automática de más de 8.000 vehículos secuestrados por infracciones de tránsito o causas penales menores. Si bien la medida es aplaudida por la gestión pública, desató una rabia brutal entre los propietarios.
La rabia de los dueños se centra en la dificultad burocrática y el costo económico para recuperar los vehículos secuestrados. Argumentan que las multas, el acarreo y la estadía acumuladas superan con creces el valor del rodado, volviendo su rescate inviable. Ahora, con el decomiso exprés, sienten que el Estado les expropia un bien sin darles una solución real.
El objetivo de la Justicia es claro: liberar espacio en los predios, muchos de los cuales son focos de contaminación y generan costos de mantenimiento. Los vehículos decomisados serán subastados o compactados como chatarra. El dinero recaudado se destinará a un fondo de seguridad. Sin embargo, la rabia social se mantiene, ya que muchos de esos vehículos secuestrados pertenecen a trabajadores que dependen de ellos para vivir y no pudieron pagar las abultadas deudas.
La medida legal es sólida, pero la respuesta de la gente es de rabia e impotencia. La Justicia ha intentado informar sobre los plazos, pero la notificación masiva fue insuficiente. El dilema es complejo: sanear el sistema o proteger el derecho de propiedad. Por ahora, en Mendoza, prevaleció la necesidad de despejar los corralones, dejando una estela de rabia entre miles de mendocinos que perdieron sus vehículos.
