Una declaración que cayó como una helada tardía en el corazón de la industria vitivinícola. El funcionario Vargas Arizu, una de las caras visibles del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), confirmó la noticia que nadie quería escuchar: se avanza con una profunda y sorpresiva reestructuración del INV que podría afectar a la totalidad de su planta, compuesta por 459 empleados. La confirmación, realizada en una entrevista radial a primera hora, no hizo más que potenciar el estado de alerta y la angustia que ya se respiraba en las delegaciones del organismo en todo el país, pero con especial epicentro en Mendoza, su casa matriz.
Las palabras de Arizu fueron tan escuetas como contundentes. Si bien mencionó conceptos como «optimización de recursos» y «modernización», no pudo ocultar que el plan de ajuste implica una redefinición total de roles y, posiblemente, un masivo programa de «retiros voluntarios» o desvinculaciones directas. Para los trabajadores, muchos de ellos con más de 30 años de servicio y guardianes del control de calidad del vino argentino, la noticia es un golpe devastador. Representa la crónica de un final anunciado por las políticas de achicamiento del Estado, pero que hasta ahora no tenía un número concreto de víctimas. Son 459 familias las que hoy viven en una angustiante incertidumbre.
Desde los sindicatos que agrupan al personal del INV ya declararon el estado de alerta y movilización, calificando la medida como un «ataque directo al corazón de la vitivinicultura». Sostienen que debilitar al organismo fiscalizador es abrir la puerta a la adulteración y a la competencia desleal, un riesgo que la industria no puede permitirse. Mientras tanto, en las oficinas del INV, el clima es de desolación. «Nadie te dice nada claro, solo que esperemos. Pero la palabra ‘reestructuración’ ya sabemos qué significa», confesó un empleado con la voz quebrada. La incertidumbre es total y el futuro del vino argentino, un poco más oscuro.
