La implementación de la nueva normativa de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires para controlar protestas generó un nivel de furia que sorprendió a las autoridades. Las imágenes de la represión en el centro obligaron al Ministerio de Seguridad a emitir un comunicado urgente.
La tensión social en Argentina ha encontrado un nuevo punto de ebullición con la aplicación del riguroso protocolo antipiquetes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Diseñado para garantizar la libre circulación, el protocolo terminó por generar una furia masiva, obligando al Gobierno a revisar su operatividad en menos de 24 horas.
El punto de conflicto central fue la intervención rápida y contundente de las fuerzas federales para desalojar un corte total en la Avenida 9 de Julio. Las imágenes de la Gendarmería utilizando camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes, incluidos referentes sociales y de derechos humanos, se viralizaron, reviviendo el debate sobre los límites de la protesta y la represión.
La clave del problema fue la literalidad con la que se aplicó la instrucción de desalojo «inmediato». Organizaciones sociales alegaron que el protocolo no dejaba margen para la negociación ni el diálogo, criminalizando la protesta desde el minuto cero. La furia no provino solo de los manifestantes, sino también de sectores políticos opositores y gran parte de la opinión pública que consideró la respuesta estatal como desmedida.
La reacción del Gobierno fue intentar justificar la medida, argumentando que el protocolo antipiquetes busca proteger el derecho a trabajar y circular de millones de ciudadanos. Sin embargo, la ola de críticas fue tan fuerte que obligó a una reunión de emergencia en el Ministerio de Seguridad. El resultado fue una «suavización» de la normativa.
Fuentes internas confirmaron que el cambio implica ahora un período de advertencia y negociación más extenso antes de recurrir a la fuerza, y la prohibición explícita de usar ciertos elementos disuasorios en zonas densamente pobladas o contra grupos vulnerables.
Aunque el protocolo antipiquetes sigue vigente, la marcha atrás en su aplicación más dura es vista como una victoria para las organizaciones sociales y una admisión tácita de que la normativa original exacerbó innecesariamente la furia social. El desafío ahora para las autoridades es encontrar un equilibrio entre el derecho a manifestarse y el derecho a circular sin generar nuevos focos de conflicto.
