El Senado de Mendoza aprobó el martes 3 de noviembre el nuevo régimen disciplinario para los empleados públicos provinciales, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema. Con la sanción definitiva, la norma reemplaza a la Ley 9.103 y amplía las facultades de la Oficina General de Sumarios.
El proyecto ya tenía media sanción: como informó Box Diario, Diputados lo había aprobado a mediados de octubre.
Cómo fue la votación
- A favor (23): Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.
- En contra (11): Encuentro Mendocino (PJ y LUM), Frente Patria, el PD y el Partido Verde.
- Abstención (1): Martín Rostand (PRO).
Qué cambia para los empleados públicos
Según el detalle publicado por Los Andes, la ley mantiene las cuatro sanciones clásicas: apercibimiento, suspensión de hasta 30 días corridos, cesantía y exoneración. Las suspensiones de más de 15 días, la cesantía y la exoneración seguirán requiriendo un sumario previo.
Las novedades principales son:
- La Oficina General de Sumarios podrá iniciar actuaciones de oficio, sin esperar la denuncia del organismo afectado.
- Cada jurisdicción deberá designar un responsable administrativo de presentismo. De acuerdo con los datos citados en el debate, las ausencias injustificadas explican cerca del 40% de los sumarios actuales.
- Se busca acortar los plazos de los expedientes, muchos de los cuales se arrastran durante años.
Los argumentos del oficialismo
El senador radical Gustavo Soto defendió la reforma con un dato sobre la demora de los procesos: según dijo, solo uno de cada cuatro casos que tramita hoy la Oficina General de Sumarios corresponde a hechos de 2025. Para el oficialismo, la ley permite sancionar a tiempo y reducir la sensación de impunidad dentro de la administración.
Las críticas de la oposición y los gremios
Los bloques opositores y los sindicatos estatales cuestionaron que la norma se haya discutido fuera de la paritaria y advirtieron sobre su impacto en la estabilidad de los trabajadores. Según Los Andes, representantes gremiales evalúan presentar planteos de inconstitucionalidad. La discusión se suma a otros frentes abiertos con los estatales, como el del Régimen 39 de Salud que cuestiona ATE.
Qué sigue
La ley deberá ser promulgada por el Ejecutivo y luego reglamentada, un paso clave para definir cómo funcionarán los responsables de presentismo y los sumarios de oficio. Si los gremios avanzan con la vía judicial, la última palabra la tendrá la Justicia. Mientras tanto, cada ministerio y organismo descentralizado deberá adecuar sus procedimientos internos y designar a quienes controlen la asistencia, un cambio que los trabajadores empezarán a notar en el día a día. La sanción coincidió con la expulsión de Janina Ortiz de la Cámara de Diputados, otra decisión que el oficialismo exhibe como parte de su agenda de control sobre el Estado.
Fuentes: Los Andes (3 de noviembre de 2026), Senado de Mendoza, Ley 9.103.
