La diputada provincial suspendida Janina Ortiz y el exintendente de Las Heras Daniel Orozco están cerca de conocer su situación judicial en la causa por peculado conocida como la de las «cooperativas truchas». La defensa propuso un juicio abreviado que todavía debe ser evaluado por la Fiscalía y homologado por la jueza Dolores Ramón. Si se confirma una condena, se abre la pregunta sobre qué pasará con la banca de Ortiz en la Cámara de Diputados de Mendoza.
De qué trata la causa
La investigación apunta a transferencias hechas por la Municipalidad de Las Heras entre 2021 y 2023 a la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra. Según Los Andes, el monto cuestionado asciende a $35.511.386,14. Además de Orozco y de Ortiz, que en ese período era secretaria de Gobierno del municipio, está acusado el exsubsecretario Osvaldo Oyhenart.
El peculado está previsto en el artículo 261 del Código Penal, que establece penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario que sustrae fondos públicos cuya administración le fue confiada.
Qué propone el acuerdo
- Daniel Orozco: dos años de prisión en suspenso.
- Janina Ortiz: tres años de cumplimiento condicional, en una pena que también unificaría otras causas por amenazas coactivas.
El acuerdo no está cerrado: la Fiscalía aún debe decidir si acepta las condiciones planteadas por la defensa. Si no hay consenso, el caso seguiría hacia un juicio oral.
Qué pasaría con la banca de Ortiz
Ortiz está suspendida en su banca desde marzo de 2024, cuando la Cámara de Diputados avanzó sobre su situación por las causas judiciales en su contra. Una eventual condena firme cambiaría el escenario.
Según el análisis de Los Andes, ante una sentencia condenatoria la legisladora debería dar un paso al costado de manera voluntaria o, en caso contrario, la Cámara podría avanzar con su expulsión. En ese caso, el lugar lo ocuparía quien sigue en el orden de la lista con la que fue electa, que según ese medio es María Belén Castillo, del PRO.
Un caso con peso político
La causa de Las Heras tuvo desde el inicio un fuerte componente político. Orozco gobernó el departamento durante dos mandatos y fue uno de los dirigentes con mayor peso territorial del Gran Mendoza, por lo que el expediente siempre estuvo en el centro del debate sobre el manejo de fondos públicos en los municipios. Un juicio abreviado permitiría cerrar el proceso sin un juicio oral largo, pero implica que los acusados acepten los hechos imputados.
Qué sigue
Los próximos pasos dependen de la Fiscalía. Si acepta la propuesta, la jueza Ramón deberá convocar a una audiencia para evaluar el acuerdo y, eventualmente, dictar sentencia. Recién con una condena, la Cámara de Diputados podría definir el futuro de la banca, un debate que promete volver a encender la discusión política en la Legislatura.
Hasta que haya una sentencia, rige el principio de inocencia para todos los acusados.
Fuentes: Los Andes.
