La Cancillería peruana ha formalizado la ruptura total de las relaciones diplomáticas con México, retirando a todo su personal de la Embajada en Lima y cerrando un capítulo de tensión que llevaba meses escalando. El detonante, que desató la «furia continental» en el seno de la OEA, fue el asilo político concedido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Bettsy Chávez, la exprimer ministra del derrocado presidente Pedro Castillo.
Perú argumenta que el asilo otorgado a Chávez es ilegal e infundado, ya que la exfuncionaria está formalmente procesada por el presunto delito de rebelión y conspiración, cargos que Lima considera delitos comunes y no políticos. Para el Gobierno peruano, al darle refugio, México no solo interviene en asuntos internos, sino que avala un intento de golpe de Estado, lo que constituye una Indignación inadmisible.
La Crisis Diplomática es un choque de principios. México se ampara en su histórica «Doctrina Estrada», una política exterior de no intervención y de tradición asilante que ha dado refugio a figuras políticas de toda Latinoamérica. Sin embargo, Perú insiste en que el caso de Chávez es diferente: una persona que debe responder a la justicia por delitos que atentaron contra la democracia. El quiebre tiene consecuencias severas: el cese de todo diálogo bilateral, la paralización de acuerdos comerciales y un precedente peligroso que polariza a la región. El futuro de Chávez, ahora protegida por México, dependerá de cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos interprete este delicado equilibrio entre soberanía y derecho de asilo.
