Una versión reducida y reformulada de la Ley Ómnibus está a punto de ingresar al Congreso con un artículo que nadie esperaba. La oposición ya denunció que el cambio secreto vulnera derechos y prepara un contraataque legislativo.
El oficialismo nacional prepara una jugada audaz para resucitar la polémica Ley Ómnibus, esta vez en una versión reducida y estratégicamente reformulada. Sin embargo, lo que se ha filtrado a la prensa no es la simplificación prometida, sino un «cambio secreto» en un artículo clave que ha desatado la furia inmediata de la oposición en el Congreso. Este movimiento legislativo genera indignación porque parece un intento encubierto de pasar facultades que ya habían sido rechazadas.
El corazón de este «cambio secreto» se encuentra en el Título IV, que regula las delegaciones legislativas. La nueva Ley Ómnibus propone otorgarle al Poder Ejecutivo la potestad de «reestructurar, fusionar o disolver organismos públicos» sin la revisión específica del Congreso por un plazo de dos años. Si bien el espíritu original de la ley se enfocaba en la eficiencia, el texto reformulado omite la lista detallada de organismos y no incluye los mecanismos de control posterior, lo que otorga una discrecionalidad casi absoluta.
La furia de los bloques opositores no tardó en manifestarse. Denuncian que este es un intento de conseguir por la vía secreta lo que no se pudo lograr abiertamente: una suma del poder público que permitiría al Gobierno desmantelar instituciones sensibles, desde organismos de investigación científica hasta entes reguladores, sin el debido proceso parlamentario. El valor de la filtración es que permite a la oposición preparar un contraataque legislativo antes de que el texto ingrese formalmente a las comisiones.
El debate se centra en la definición de la «emergencia». La nueva Ley Ómnibus extiende la emergencia económica a todo el 2026, justificando así la necesidad de delegar facultades. Sin embargo, la oposición argumenta que la emergencia debe ser acotada y los límites a la delegación deben ser claros y precisos, algo que el «cambio secreto» ignora. Diputados mendocinos de la oposición han expresado su indignación, afirmando que votarán en contra de cualquier intento de vulnerar la división de poderes.
La presión social será determinante. Se espera que, con la revelación de este «cambio secreto», las cámaras empresariales y los sindicatos también se manifiesten en contra, ya que la incertidumbre sobre la continuidad de organismos clave afecta la planificación a largo plazo. La Ley Ómnibus vuelve al ruedo político, pero lo hace con un halo de polémica que garantiza un debate acalorado en el Congreso.
