La rutina médica se vio interrumpida por una tragedia que generó un profundo miedo en el ámbito de la salud: la muerte por implante dental de un paciente de 64 años. El paciente, identificado como Ricardo Gómez, sufrió una descompensación severa durante el procedimiento, el cual, si bien es ambulatorio, requiere de sedación controlada.
El miedo se incrementó exponencialmente con la detención de dos médicos, el odontólogo y el auxiliar, y la clausura inmediata de la clínica de Belgrano. La investigación preliminar, impulsada por la denuncia de la familia, reveló la «verdad» que causa un justificado miedo en la sociedad: la clínica operaba sin la presencia de un anestesista certificado y habilitado, un requisito sine qua non para realizar sedaciones con seguridad. El cumplimiento de la promesa se da al revelar la ausencia del especialista. La víctima, con un historial médico previo, requería una monitorización especializada que solo un anestesista puede garantizar.
La muerte por implante dental se habría producido por un paro cardiorrespiratorio no manejado a tiempo debido a la falta de personal calificado para reanimación. El miedo radica en la presunta negligencia y la posibilidad de que otros centros odontológicos realicen sedaciones sin el control adecuado. El caso ha reabierto un debate urgente sobre los controles en clínicas privadas y el riesgo real que asumen los pacientes al someterse a procedimientos que parecen menores, como un implante dental, bajo sedación. La justicia investiga si la clínica incurrió en «homicidio culposo» por la omisión de los deberes de cuidado. El miedo se ha apoderado de quienes consideran realizarse este tipo de tratamientos.
