La Legislatura de Mendoza está tratando una serie de proyectos de ley que buscan redefinir el mapa económico de la provincia, con el foco puesto en el denominado Plan de Sustentabilidad Jurídica (PSJ) para el Cobre Mendocino. Esta iniciativa, que incluye la creación del Distrito Minero Occidental en Malargüe y un nuevo régimen de Regalías, trae consigo una promesa de prosperidad que choca de frente con la gran Contradicción que la sociedad mendocina se niega a olvidar: el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de su recurso más vital, el agua.
El entusiasmo oficialista se basa en cifras contundentes: el cobre es un mineral estratégico a nivel global, esencial para la transición energética y la fabricación de vehículos eléctricos. Se habla de una inversión multimillonaria, la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, y el ingreso de divisas que podrían transformar las arcas provinciales. De hecho, la propuesta incluye un Fondo de Compensación Ambiental destinado a mitigar y remediar cualquier impacto, intentando mostrar un compromiso con la sustentabilidad.
Sin embargo, aquí reside la Contradicción central. La memoria de la Ley 7722, que limitaba drásticamente la actividad minera con sustancias químicas, sigue muy presente. Si bien la minería de Cobre Mendocino no involucra cianuro, las grandes obras de ingeniería y el uso intensivo de agua que requieren estos emprendimientos, especialmente en una provincia desértica, reavivan el temor histórico. La sociedad se pregunta: ¿es posible garantizar el cuidado absoluto del agua mientras se explota un recurso que demanda tales volúmenes hídricos?
Los ambientalistas y asambleas por el agua sostienen que la ley propuesta no ofrece suficientes garantías, y que el riesgo de contaminación es intrínseco a la escala de estos proyectos. El debate en el Congreso se ha vuelto tenso, oscilando entre el pragmatismo económico —la necesidad urgente de generar riqueza y empleo— y el imperativo ético de preservar un ecosistema frágil.
La Contradicción se profundiza porque ambas partes tienen argumentos sólidos. Mendoza necesita salir de su estancamiento económico, y el Cobre Mendocino es una oportunidad de oro. Pero a su vez, la defensa del agua es una bandera irrenunciable que une a la ciudadanía más allá de las banderías políticas. Este proyecto obligará a la provincia a tomar una decisión trascendental: abrazar la riqueza del subsuelo asumiendo el riesgo ambiental, o priorizar la Contradicción histórica de ser una potencia vitivinícola basada en el riego, negándose a otra forma de uso hídrico industrial. La respuesta definirá el futuro de Mendoza.
