Mendoza sumó un capítulo clave en la lucha contra el déficit hídrico y los problemas de saneamiento: se oficializó la llegada de un crédito internacional por USD 75 millones destinado a renovar y ampliar la infraestructura de agua potable y cloacas en la provincia. El anuncio significa un impulso histórico en un contexto marcado por redes antiguas, pérdidas constantes y barrios que esperan hace años la conexión al sistema.
El plan contempla tres frentes principales. En primer lugar, la renovación de troncales y ramales críticos en el Gran Mendoza, donde las pérdidas de agua superan en algunos sectores el 40% de lo distribuido. En segundo lugar, la modernización de plantas potabilizadoras, con equipamiento de mayor eficiencia energética y capacidad de tratamiento para sostener la demanda creciente en verano. En tercer lugar, la ampliación de colectores y estaciones de bombeo cloacal, necesarias para evitar desbordes y alivianar la carga de sistemas saturados durante las tormentas estivales.
La hoja de ruta establece prioridades en base a tres criterios: urgencia sanitaria, cantidad de beneficiarios y viabilidad técnica. Eso significa que los barrios con reclamos recurrentes por cortes o baja presión estarán entre los primeros en recibir obras. A la vez, se buscará intervenir en zonas rurales donde la escasez de agua impacta directamente en la producción agrícola.
Más allá de lo técnico, el anuncio tiene un costado social y económico. La ejecución de los proyectos generará empleo directo en la construcción y en toda la cadena de proveedores locales: cemento, cañerías, válvulas e insumos de obra. En un contexto de ajuste fiscal, la inversión en agua aparece como una excepción que puede reactivar la actividad y dar oxígeno a las pymes ligadas al rubro.
El gran desafío será cumplir con los plazos exigidos por el financiamiento. Los organismos internacionales suelen marcar hitos claros y auditorías periódicas, lo que obligará a la empresa provincial de agua, contratistas y municipios a coordinar cada etapa para minimizar cortes y comunicar con anticipación los desvíos. La experiencia reciente muestra que, cuando las obras se planifican sector por sector y con información pública, la aceptación vecinal es mayor y los tiempos de ejecución se reducen.
Para los usuarios, el impacto se medirá en hechos concretos: presión estable en las canillas, menos cortes imprevistos y reducción de pérdidas que hoy encarecen la operación del sistema. A mediano plazo, la mejora en eficiencia también aliviará la tarifa. En una provincia donde cada gota cuenta, este crédito marca un antes y un después. Si el cronograma se cumple, 2026 podría cerrar con barrios enteros beneficiados y una red de agua más moderna y confiable.
