La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dio luz verde a una medida que se venía reclamando durante años: el decomiso automático de más de 8.000 vehículos secuestrados que se encuentran acumulados en depósitos judiciales. La resolución busca poner fin al colapso burocrático y al abandono que convertían estos predios en cementerios de chatarra que generaban gastos, pero no beneficios.
El concepto de «decomiso automático» implica que, una vez cumplidos los plazos procesales establecidos y si los propietarios no logran justificar su titularidad o el origen de los bienes, el Estado provincial puede disponer de ellos sin necesidad de un nuevo y prolongado juicio. Esta agilización procesal es vista como un acto de justicia doble: para el Estado, que recupera recursos, y para la ciudadanía, que ve un uso eficiente de los bienes incautados.
Históricamente, los vehículos secuestrados pasaban años pudriéndose a la intemperie. La nueva normativa prevé que, tras el decomiso, estos rodados sean subastados. El dinero recaudado se destinará a programas de seguridad vial, equipamiento policial y, en algunos casos, a reparar a las víctimas de los delitos. De esta manera, bienes que antes eran un pasivo se convierten en un activo social.
El número de 8.000 vehículos secuestrados es alarmante e ilustra la magnitud del problema. La gran mayoría corresponde a causas de narcotráfico, contrabando o infracciones graves a la Ley de Tránsito. La Corte destacó que el mantenimiento de estos depósitos generaba un costo millonario anual, que ahora podrá ser reinvertido.
La implementación de este sistema representa un avance significativo en la modernización de la Justicia mendocina. Es un mensaje claro contra la impunidad y la burocracia, demostrando que la justicia no solo debe ser rápida, sino también eficaz y socialmente responsable con el manejo de los bienes incautados.
