Un colegio de alto prestigio en el Gran Mendoza se encuentra en el centro de un escándalo que combina indignación social, destrozos y denuncias de favoritismo. El problema se originó tras un «último primer día» o festejo prohibido de egresados que, según las autoridades, se descontroló, resultando en daños materiales al establecimiento y la sanción de 140 alumnos.
La indignación de los padres se centra en la disparidad de las sanciones. Mientras que la mayoría de los alumnos fueron sancionados con la pérdida de la regularidad o la condición de «alumno libre», padres con contactos políticos o económicos habrían presionado a la dirección del colegio para que sus hijos recibieran penas menores o fueran «acomodados» en el sistema para evitar la expulsión. La rabia se dirige a la supuesta falta de equidad ante las normas.
El festejo prohibido se realizó a pesar de las claras advertencias de las autoridades del colegio. Los destrozos incluyeron daños a baños, mobiliario y pintura. La indignación de los padres de los alumnos no involucrados en los destrozos es que, por el mal comportamiento de un grupo, el prestigio del colegio se ve afectado. Además, la pérdida de la regularidad para los 140 alumnos es un golpe a su rendimiento académico a fin de año.
La DGE de Mendoza ha intervenido para investigar el escándalo en el colegio, centrándose en las denuncias de «acomodos». Si se confirma que la dirección cedió a las presiones para aplicar sanciones diferentes, la indignación podría escalar a un conflicto legal. La lección de este festejo prohibido es clara: las normas de convivencia deben aplicarse con rigor y equidad para todos los alumnos, sin excepciones. La indignación es el reflejo de una sociedad que exige igualdad ante las normas, incluso en el ámbito educativo.
