El Ministerio de Economía anunció una fecha clave para la eliminación total del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios de la Cuarta Categoría. Esta medida promete un alivio significativo en los bolsillos de miles de mendocinos y reactiva el consumo interno.
El Ministerio de Economía de la Nación confirmó una noticia que era esperada por millones de trabajadores: la eliminación del Impuesto a las Ganancias de la Cuarta Categoría, que grava los salarios, se hará efectiva a partir del 1 de marzo de 2026. Este anuncio ha generado una inmediata esperanza y un inmenso alivio en los bolsillos de la clase media, que ha visto cómo la inflación convertía este impuesto en una confiscación directa al salario.
La medida, que ya cuenta con la aprobación en general de ambas cámaras del Congreso, reemplazará el actual Impuesto a las Ganancias por un Impuesto a los Altos Ingresos, aplicable solo a directivos, gerentes de grandes empresas y funcionarios de alto rango, con un piso imponible que será diez veces mayor al actual. La clave del cambio es que el 90% de los trabajadores que hoy pagan Ganancias dejarán de tributar, lo que se traduce en un aumento neto de su sueldo de hasta un 15%.
El valor de este cambio es, principalmente, la reactivación del consumo. Se estima que la eliminación de Ganancias inyectará miles de millones de pesos al año en la economía real, dinero que los mendocinos podrán destinar a la compra de bienes, turismo local y ahorro, compensando en parte la pérdida del poder adquisitivo. Este impacto es crucial para Mendoza, donde el sector servicios es un gran empleador.
¿Qué significa la eliminación de Ganancias para tu sueldo?
Para un profesional o un técnico de Mendoza con un salario promedio que hoy está alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, el incremento real en el sueldo de bolsillo será significativo. El cálculo del Ministerio de Economía indica que el trabajador recuperará el monto exacto de la retención mensual, sin que esto afecte el pago de otros impuestos como el IVA o las cargas sociales.
La esperanza que genera esta ley es el fin de una larga injusticia donde «trabajo no es ganancia«. La implementación de la ley a partir de marzo de 2026 permitirá a las empresas realizar los ajustes necesarios en sus sistemas de liquidación de sueldos. El gobierno ha apostado a que este alivio fiscal sea el motor de una recuperación económica lenta, pero sostenida.
