La Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Mendoza ratificó la citación al exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, para enfrentar una nueva ronda de declaraciones en el marco de la investigación por el escándalo de las cooperativas truchas. Este nuevo llamado judicial acelera los tiempos de una causa que ya acumula una profunda furia social y política, y que busca esclarecer el destino de millones de pesos girados a entidades fantasma durante su gestión.
La causa investiga una presunta matriz de corrupción que habría utilizado cooperativas de trabajo sin personería jurídica o con fines irregulares para desviar fondos públicos destinados a obras y servicios municipales. La citación a Orozco, programada para la próxima semana, no es un mero trámite: la fiscalía tiene en su poder nuevos elementos probatorios, incluyendo testimonios de exfuncionarios menores y un peritaje contable que detalla transferencias de dinero por montos significativos. Para los vecinos de Las Heras, que vieron cómo se postergaban obras esenciales, el caso es un símbolo de la impunidad y la indignación por el manejo de la cosa pública.
El foco de la investigación se centra en la figura de la «asociación ilícita» y la «administración fraudulenta». Se intenta determinar el grado de conocimiento y participación del exintendente en la operatoria. La defensa de Orozco sostiene que las cooperativas eran manejadas por niveles inferiores de la gestión, pero la documentación judicial sugiere que las órdenes de pago y los convenios pasaban necesariamente por la cúpula municipal. El valor de este avance judicial es clave para la transparencia política en Mendoza, demostrando que ninguna figura pública está exenta de rendir cuentas.
Entre los nuevos elementos incorporados al expediente, se destaca un informe de la AFIP que revela inconsistencias en la facturación de varias de las cooperativas, sugiriendo que la mayoría de los fondos no se destinaron a los fines declarados. Las cooperativas, que supuestamente brindaban servicios de limpieza y mantenimiento, no podían justificar la cantidad de personal ni los insumos necesarios para tales tareas. Este vacío documental refuerza la hipótesis de que las entidades funcionaban únicamente como pantallas para canalizar dinero.
La nueva citación busca confrontar a Orozco con estas pruebas irrefutables. La fiscalía ha sido clara: el objetivo es llegar al fondo de la matriz de corrupción, sin importar el costo político. Este caso no solo marcará la agenda judicial de la provincia, sino que sentará un precedente sobre la fiscalización de los recursos municipales, especialmente en el uso de figuras legales como las cooperativas que, supuestamente, deberían fomentar el empleo genuino. El desarrollo del juicio promete ser un termómetro de la furia popular contra la corrupción política.
