La nueva circular de la Aduana exige un «Permiso de Impacto Financiero» que no tiene plazo de aprobación, dejando varadas en el puerto cientos de contenedores con insumos críticos para la industria local. Esta traba burocrática ha paralizado la producción de Mendoza y ha desatado una indignación real en el sector productivo.
La estabilidad de la producción en Mendoza, desde la industria metalmecánica hasta la vitivinicultura, depende crucialmente de la importación de insumos específicos que no se fabrican en el país. El delicado equilibrio de la cadena de suministro ha sido brutalmente roto esta semana por la implementación de una nueva circular de la Aduana que introduce un obstáculo burocrático que es, a todas luces, un laberinto sin salida. La medida ha provocado una inmediata indignación real entre los empresarios locales, que ven cómo sus productos se quedan varados.
La circular exige, de la noche a la mañana, un nuevo «Permiso de Impacto Financiero (PIF)» para cualquier importación cuyo valor supere los 5.000 dólares. A diferencia de otros permisos, el PIF no establece un plazo máximo de respuesta por parte de las autoridades competentes. En la práctica, esto significa que el contenedor puede esperar indefinidamente en el puerto o en la zona primaria aduanera sin que la empresa tenga recurso legal o fecha límite para la liberación.
Martín Viale, presidente de la Unión Industrial de Mendoza, calificó la medida como un «golpe de gracia». «Esto no es una restricción cambiaria; es un cepo burocrático total. Tenemos insumos de lubricantes y piezas de maquinaria vitales para la cosecha varados. Cada día que pasa es dinero perdido y, peor aún, es una pérdida de empleo. ¿Quién se hace responsable de esta indignación real que estamos viviendo?», declaró Viale, reflejando el sentir del sector.
La consecuencia directa de este laberinto de la Aduana es la inminente escasez de productos terminados, desde repuestos para automóviles hasta componentes tecnológicos. El sector de la salud también ha levantado la voz de alarma, ya que reactivos de laboratorio y prótesis de última generación también han quedado atrapados en este nuevo limbo administrativo. La medida ha generado una profunda indignación porque parece no responder a una estrategia económica clara, sino a un exceso de control que asfixia la actividad privada.
La Justicia Federal ya ha recibido los primeros amparos presentados por cámaras empresariales para intentar destrabar las importaciones. Sin embargo, la lentitud del proceso judicial es la única certeza. La Aduana aún no ha emitido una aclaración oficial sobre los tiempos de resolución del PIF. Mientras tanto, el laberinto sigue creciendo, y la indignación real de los productores mendocinos es un reflejo de una economía que se ahoga en su propia burocracia.
