La reducción del gran lastre que representaban los subsidios energéticos para las cuentas públicas es un logro macroeconómico que el Gobierno celebra con vehemencia. Sin embargo, detrás de las cifras de superávit y equilibrio fiscal se esconde un nivel de indignación creciente entre los usuarios de clase media de Mendoza y el resto del país, quienes han sido los verdaderos pagadores de este ajuste. Un análisis detallado de la segmentación tarifaria y los costos de generación revela que el impacto en el bolsillo fue mucho más abrupto y menos progresivo de lo que las autoridades prometieron en sus discursos.
El secreto que el Gobierno «ocultó» no es la quita del subsidio en sí, sino el cálculo del precio del gas en boca de pozo (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, PIST). Los montos que las distribuidoras trasladaron a las boletas reflejan una valorización del gas que se acercó rápidamente al precio internacional, un salto que no fue amortiguado por ninguna medida de contención para los segmentos de ingresos medios. En Mendoza, una provincia con alta demanda de gas por sus bajas temperaturas, el incremento en las tarifas de los hogares catalogados como N3 (ingresos medios) superó el 300% interanual, dejando a muchas familias con la dificultad de decidir entre calefaccionar la casa o cubrir otros gastos básicos.
La indignación radica en la sensación de que el esfuerzo fiscal no fue distribuido equitativamente. Mientras las grandes industrias y lobbies mantuvieron ciertas prebendas o lograron negociaciones sotto voce, fue el consumidor residencial el que absorbió el shock de la corrección de precios. El costo político de «sincerar» las tarifas se tradujo en un costo de vida insostenible para quienes, por apenas superar los topes de ingresos, perdieron el subsidio. Expertos en energía señalan que se podría haber aplicado un esquema de tarifa social más amplio o un tope de consumo subsidiado para evitar la desprotección total de la clase trabajadora.
La promesa de que el saneamiento de las cuentas públicas traería estabilidad se choca con la realidad de las heladeras vacías y las estufas apagadas. La ciudadanía siente que se le exigió un sacrificio brutal en aras de un beneficio macroeconómico que no ve reflejado en su vida diaria. Es crucial que el Gobierno revele con total transparencia la fórmula de cálculo del PIST y revise los umbrales de ingresos para la segmentación, especialmente en regiones como Cuyo, donde las condiciones climáticas son extremas. La indignación no es solo por el aumento, sino por la falta de empatía y la opacidad en la comunicación del verdadero costo social de las nuevas tarifas.
