La legislatura provincial ya tiene en análisis el proyecto que prevé una actualización por encima de la inflación proyectada. Este ajuste encubierto significaría el mayor golpe al bolsillo de los propietarios mendocinos en la última década.
El próximo año podría traer consigo el golpe más duro para el bolsillo de los propietarios mendocinos de clase media. El Ejecutivo provincial elevó a la Legislatura la Ley Impositiva 2026, y el detalle que genera mayor indignación es la actualización prevista para el Impuesto Inmobiliario. Según el proyecto, que debe votarse antes de fin de año, el aumento promedio para las propiedades de mayor valor fiscal (aquellas que superan los $5 millones) rondará un 140%, muy por encima de la proyección de inflación oficial, que el propio gobierno estimó en un 110%.
Este incremento no es solo un ajuste por la inflación pasada, sino una revaluación catastral encubierta, que apunta directamente al segmento que, históricamente, ha sido el más cumplidor: la clase media. En departamentos como Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Capital, donde se concentra un gran número de propiedades de valor intermedio, las boletas podrían llegar con subas que superen la capacidad de pago de muchos jubilados y empleados.
Desde la oposición y asociaciones de consumidores, se habla de una «voracidad fiscal» que no se corresponde con la mejora de los servicios públicos. “Es inaceptable que el Impuesto Inmobiliario suba por encima de la inflación y muy por encima del aumento salarial promedio”, declaró un diputado de la bancada opositora. “Es un impuestazo que desfinancia a las familias para financiar una caja política que no se transparenta en obras de infraestructura”.
Para mitigar la indignación, el gobierno ha incluido una cláusula de «buen contribuyente» que ofrecería un descuento de hasta el 25% si se paga la cuota anual antes de marzo. Sin embargo, para un amplio sector de la sociedad, pagar la cuota anual es inviable dada la crisis económica.
Box Diario consultó a un tributarista local para evaluar los pasos a seguir. El experto recomienda a los ciudadanos afectados monitorear la publicación de la ley definitiva. Si la suba es desproporcionada o mal justificada, existe la posibilidad de presentar un reclamo administrativo ante la ATM (Administración Tributaria Mendoza) y, en casos extremos, iniciar una acción de amparo, argumentando confiscatoriedad. El tiempo corre: una vez aprobada, la nueva carga fiscal será ley. Prepárese para revisar su presupuesto, porque el Impuesto Inmobiliario será, sin dudas, el gran dolor de cabeza del próximo año.
