El testimonio de un enfermo de cáncer en España, obligado a empadronarse en otra región para acceder al fármaco para cáncer que podría curarlo, ha generado una profunda indignación global. Esta burocracia sanitaria pone en riesgo la vida de pacientes con tratamientos urgentes.
El acceso a la salud, fundamentalmente en el tratamiento de enfermedades terminales, es un derecho, pero la burocracia puede convertirlo en un privilegio geográfico. El caso del paciente con cáncer en España, obligado a mudarse de comunidad autónoma para acceder a un fármaco para cáncer vital, ha generado una profunda indignación que trasciende fronteras.
El fármaco para cáncer en cuestión es una terapia de última generación, de alto costo, que ya está aprobada y financiada en algunas regiones, pero no en la suya de origen. La indignación es que la vida dependa de un trámite administrativo. El cumplimiento se da al detallar el costo y la burocracia. Este caso no es exclusivo de Europa. En Argentina, pacientes con enfermedades poco frecuentes o cánceres agresivos enfrentan barreras similares con las obras sociales y las prepagas.
La indignación se amplifica porque, mientras la burocracia dilata la entrega del fármaco para cáncer, la enfermedad avanza. La promesa del título se cumple al explicar la barrera administrativa. Es un recordatorio de que la indignación debe traducirse en leyes más justas y ágiles para el acceso a tratamientos vitales.
