Aunque el Ejecutivo provincial niega un nuevo golpe al bolsillo, el análisis de las partidas presupuestarias revela el plan. Los subsidios al transporte mendocino muestran una caída que anticipa un ajuste inevitable.
La calma en los comunicados oficiales sobre el estado del transporte público en Mendoza es una cortina de humo que pronto se disipará con la furia de los usuarios. Mientras el Gobierno provincial insiste en que la tarifa se mantendrá estable «por ahora», un análisis riguroso de las partidas presupuestarias proyectadas para el próximo período económico revela una verdad incómoda y, francamente, indignante: la suba de tarifas del transporte no es una posibilidad, es un hecho consumado y planificado.
El núcleo del problema reside en la reducción encubierta de los subsidios destinados a las empresas concesionarias del servicio. En términos nominales, la partida podría parecer similar a la de ejercicios anteriores, pero al aplicar la variable de la inflación proyectada —incluso usando las estimaciones más conservadoras del propio Ejecutivo—, se evidencia una licuación brutal del aporte estatal. Este tijeretazo silencioso crea un déficit operativo insostenible para las compañías de micros, una brecha financiera que, por diseño o negligencia, terminará siendo cubierta por el bolsillo del ciudadano. Es una maniobra clásica de traslado de costos: el Estado se desentiende de una parte de su compromiso, y el costo recae directamente en el usuario final a través del incremento del boleto.
La consecuencia directa de esta política es la inminente suba de tarifas. Las empresas de transporte, presionadas por el aumento de los costos operativos (combustible, mantenimiento, salarios) y la caída real del subsidio, no tienen otra alternativa viable que solicitar el reajuste tarifario. Y lo peor, el Gobierno provincial ya dejó la puerta abierta para justificar este incremento. Dirán que responden a «necesidades operativas» o a la «inflación nacional», desviando la atención del origen del problema: la decisión política de desfinanciar, en términos reales, una porción crucial del sistema.
¿Cómo puede el Gobierno esperar que el sistema funcione sin inyectar el capital necesario para compensar la inflación galopante? La respuesta es simple: no lo esperan, lo planean. Esta reducción de subsidios no solo impacta en el precio que pagamos por el pasaje; también se traduce en un deterioro inminente de la calidad del servicio. Menos frecuencias, unidades más viejas, menos mantenimiento y una mayor saturación en horas pico. El usuario de Mendoza no solo pagará más, sino que recibirá a cambio un servicio peor, un doble castigo totalmente inmerecido.
Esta decisión es un golpe directo a la economía de miles de familias mendocinas que dependen del transporte público para trabajar, estudiar y movilizarse. Para un trabajador que usa el micro dos veces al día, el aumento representa un porcentaje significativo de su ingreso mensual, obligándolo a hacer malabares con otros gastos esenciales. La furia es la emoción adecuada ante esta burla. El ciudadano, que ya soporta una carga impositiva pesada, no debería ser el pagador final de la desidia o la mala gestión del Estado. Exigimos transparencia y responsabilidad, no maniobras contables que nos saquen más dinero por la espalda. El boleto va a subir, y la culpa no es de la inflación, sino de una decisión política que privilegia el ajuste por encima del bienestar de la gente.
