La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles 14 de octubre el proyecto del Poder Ejecutivo que reforma el régimen disciplinario de los empleados públicos de la provincia. La iniciativa del gobernador Alfredo Cornejo obtuvo media sanción con 33 votos a favor y 10 en contra y ahora pasa al Senado para su sanción definitiva.
Los votos negativos llegaron de los bloques del PJ, Fuerza Patria y el Frente Renovador, que cuestionaron tanto el contenido como la forma en que se tramitó la ley, sin discusión en paritarias.
Qué cambia en el régimen de sanciones
El proyecto tiene 56 artículos ordenados en cuatro títulos y modifica de fondo cómo se investigan y sancionan las faltas en la administración pública provincial. Los puntos principales, según la versión aprobada que relevó Diario UNO, son:
- Oficina General de Sumarios: un organismo con independencia técnica que podrá iniciar investigaciones de oficio.
- Faltas leves en origen: las infracciones menores se resolverán en cada repartición y los casos complejos irán al órgano especializado.
- Procedimiento digital: trámites por la plataforma Mendoza por Mí, citaciones por mensajería instantánea y audiencias virtuales.
- Responsable de presentismo: cada jurisdicción tendrá un agente encargado de controlar la asistencia.
- Escala de sanciones: desde el apercibimiento hasta la cesantía y la exoneración.
Los argumentos del oficialismo
La diputada radical Beatriz Martínez defendió el proyecto en el recinto y lo presentó como un régimen «más ágil, eficiente y eficaz». Su compañero de bloque Franco Ambrosini salió a responder las objeciones de inconstitucionalidad: «No se persiguen personas, se persiguen conductas», dijo, y sostuvo que la reforma busca preservar a los trabajadores que cumplen. Desde el PRO, Cintia Gómez la respaldó como parte de la construcción de un Estado eficiente.
La reforma se suma a otras decisiones del Gobierno provincial sobre la planta estatal. En lo que va del año, la gestión de Cornejo dio de baja a unos 50 agentes por cesantías.
Las críticas de la oposición
El peronista Germán Gómez calificó la norma de «inconstitucional y un retroceso» y sostuvo que vulnera la imparcialidad al concentrar instrucción y sanción en un mismo proceso. Lucas Ilardo, de Fuerza Patria, anticipó su voto negativo y cuestionó que la reforma no haya pasado por las paritarias con los trabajadores; además advirtió que la figura del responsable de presentismo implica más burocracia. Gabriela Lizana, del Frente Renovador, también votó en contra.
El debate llega en un clima tenso con los gremios estatales. ATE, por caso, denunció ante Fiscalía de Estado 68 pases a planta sin concurso en Salud y Educación, una discusión que también pone en foco las reglas de ingreso y permanencia en el Estado.
Qué significa para los estatales
Si el Senado convierte el proyecto en ley, los empleados de la administración central provincial quedarán bajo un nuevo esquema en el que:
- Una oficina especializada podrá abrir sumarios sin denuncia previa.
- Las notificaciones podrán llegar por canales digitales y mensajería.
- El control de asistencia tendrá un responsable designado en cada área.
Qué sigue
El proyecto debe ser tratado en comisión y luego en el recinto del Senado. Después de su promulgación, el Ejecutivo deberá reglamentar el funcionamiento de la Oficina General de Sumarios y del responsable de presentismo.
Fuentes: Diario UNO, Cámara de Diputados de Mendoza.
