El intendente de La Paz, Fernando Ubieta (PJ), y los principales responsables de las cuentas municipales enfrentan cargos y multas del Tribunal de Cuentas de Mendoza que, sumados, llegan a $99.382.986, según el detalle publicado por El Sol. Los fallos 18.374 y 18.376, emitidos en abril, apuntan a pagos sin documentación de respaldo, cheques cobrados sin orden de pago y un sistema de control interno que el propio organismo describió como colapsado. Ahora la defensa del municipio intenta frenar las sanciones invocando el llamado «caso Sandes».
Qué encontró el Tribunal de Cuentas en La Paz
El fallo 18.376, sobre la rendición del ejercicio 2024, fijó un perjuicio patrimonial de más de $49,7 millones con intereses, informó Los Andes. El núcleo más grave son $27,7 millones en pagos sin respaldo documental y otros $1,09 millones en cheques emitidos y cobrados sin orden de pago. Cada responsable recibió una multa de $3 millones.
El fallo 18.374, un juicio parcial que abarca 2025, sumó una partida no comprobada de $18,5 millones que con intereses llegó a un cargo de $26.571.241 contra el intendente, el contador general y el tesorero, más multas individuales de $1,8 millones.
Entre las observaciones que enumera el organismo de control figuran:
- Gastos registrados sin expedientes ni comprobantes, y expedientes inexistentes, duplicados o con dos versiones.
- Cheques cargados a mano, sin validación automática, talonarios con espacios en blanco y montos que no coincidían con los registros bancarios.
- Una sola persona podía cargar todas las etapas del gasto, sin control cruzado.
- La jefatura de Control Interno participaba en la registración de gastos.
- Las irregularidades no las detectaron los controles municipales, sino la auditoría externa.
«El hecho de que una empleada pudiera operar durante meses sin detección evidencia una falla estructural del sistema», sostiene el fallo citado por Los Andes.
La versión del municipio: una empleada y el caso Sandes
Durante el proceso, los funcionarios sancionados argumentaron que parte de las irregularidades responde a una presunta maniobra de una empleada municipal con acceso al sistema contable, a quien el municipio denunció penalmente por la supuesta sustracción de cheques y manipulación de registros. Se consideran víctimas de ese esquema. La causa penal sigue en investigación y, según El Sol, la pericia caligráfica sobre las firmas cuestionadas todavía no se había realizado. El Tribunal respondió que esa denuncia no exime a los responsables y calificó la actuación judicial del municipio como «reactiva».
En su recurso, la defensa invoca el antecedente de Oscar Sandes, exadministrador de Vialidad Provincial, a quien la Suprema Corte liberó de responsabilidad porque ocupar un cargo jerárquico no alcanzaba para cargarle irregularidades ajenas. Fiscalía de Estado, a cargo de Fernando Simón, opinó que ese criterio debe considerarse pero que no exime en forma automática a los funcionarios de La Paz, y pidió además ponderar que Ubieta estuvo de licencia entre el 20 de enero y el 2 de febrero de 2025.
Box Diario consultó la información pública del municipio y no encontró una respuesta oficial de Ubieta sobre el contenido de los fallos más allá de los argumentos presentados en el expediente.
Un patrón que se repite en los municipios
La Paz no es el único caso bajo la lupa del organismo de control este año. El Tribunal también sancionó a Ricardo Mansur en Rivadavia y observó las cuentas de Guaymallén. La diferencia en La Paz es la magnitud del dinero sin justificar en relación con el tamaño de uno de los municipios más chicos de la provincia, y que los cargos alcanzan al propio intendente.
El dato político tampoco es menor: Ubieta es uno de los intendentes peronistas que juegan en la interna del PJ mendocino rumbo a 2027.
Las preguntas que el intendente no respondió
- ¿Cómo pudo una sola persona manejar durante meses todo el circuito del gasto sin que la Secretaría de Hacienda ni Control Interno lo advirtieran?
- ¿Qué cambios concretos se aplicaron en Tesorería y Contaduría desde que se conocieron los fallos?
- ¿Se recuperó parte de los fondos sin respaldo?
- ¿Los funcionarios sancionados siguen en los mismos cargos?
Qué sigue
El Tribunal de Cuentas debe resolver los recursos con el dictamen de Fiscalía de Estado sobre la mesa. Si confirma los cargos, los funcionarios deberán reintegrar los montos al tesoro municipal; si aplica el criterio Sandes, podría revisar la responsabilidad individual de cada uno. En paralelo, la causa penal contra la empleada denunciada sigue abierta.
Fuentes: Tribunal de Cuentas de Mendoza (fallos 18.374 y 18.376, Boletín Oficial), El Sol, Los Andes, Mendoza Today.
