La eterna discusión sobre la transparencia en el empleo público ha generado una nueva ola de indignación en la sociedad mendocina. Un reportaje de investigación reveló que en la Justicia Federal y Provincial, la frase «ser hijo de» funciona como un atajo. El cumplimiento de la promesa se da al detallar el nepotismo.
La indignación se basa en un informe que muestra que casi el 40% de los nuevos nombramientos en el Poder Judicial de Mendoza en el último año corresponden a familiares directos de jueces, secretarios y fiscales. Este patrón de nepotismo, donde los hijos y cónyuges son favorecidos con cargos mejor remunerados y de rápida progresión, socava la meritocracia que debería regir el acceso al empleo público. La indignación es que este mecanismo evita los concursos.
Los datos indican que mientras un ciudadano común puede pasar años esperando un llamado, los «hijos de» obtienen contratos transitorios. La indignación no se limita a la Justicia. Organismos autárquicos como IPV también muestran una alta concentración de vínculos familiares en sus nóminas. Este fenómeno no solo es una cuestión de ética, sino de legalidad, ya que el Decreto provincial prohíbe el nepotismo directo.
