La transparencia en la gestión pública es una demanda constante de la ciudadanía, y cuando esa confianza se rompe, la reacción es inmediata. En Pinamar, un municipio de la costa atlántica, se desató una «sorpresa» mayúscula tras la difusión de un «video secreto» que mostraba a una Empleada Municipal de alto rango robando dinero en efectivo de las oficinas de recaudación. El intendente actuó de inmediato, despidiendo y denunciando a la funcionaria, cuyo accionar fue calificado como un acto de defraudación al Estado.
El «video secreto», obtenido de las cámaras de seguridad internas de la municipalidad, se viralizó rápidamente en las redes sociales. Muestra a la Empleada Municipal, que gozaba de la confianza de sus superiores, realizando movimientos sospechosos alrededor de una caja fuerte y guardando fajos de billetes dentro de su cartera. La «sorpresa» en la comunidad de Pinamar es doble: primero, por el acto de corrupción en sí, y segundo, por la aparente impunidad con la que operaba, pensando que las cámaras no la captarían. La funcionaria fue imputada por defraudación al Estado.
El caso de la Empleada Municipal de Pinamar ha reavivado el debate sobre la necesidad de mayores controles internos en todas las dependencias públicas. La sorpresa es que la funcionaria utilizaba la misma oficina que debía proteger para cometer el delito.
