La «traición fiscal» que el presidente Javier Milei busca frenar en el Congreso no es un error de cálculo, sino una estrategia política diseñada para desfinanciar el plan de austeridad. El dictamen de minoría que la oposición busca imponer en el debate del Presupuesto 2026 incluye, según fuentes del oficialismo, una serie de partidas de gasto discrecional sin sustento genuino, calculadas en aproximadamente un 0.8% del PBI. Esta maniobra está camuflada bajo la excusa de «recomposición de fondos provinciales» y «reactivación de obra pública», pero la realidad es que exige una emisión monetaria inmediata o, peor aún, la creación de un nuevo tributo encubierto.
El punto central de la indignación radica en la doble contabilidad. Mientras el oficialismo propone un superávit del 2% con un drástico recorte en gastos operativos y transferencias, la oposición introduce subrepticiamente gastos fijos que obligan a un default técnico de la meta fiscal. La ley de leyes prohíbe el uso de ingresos temporales para cubrir gastos permanentes, pero la oposición ha listado un gasto social permanente (aumento de jubilaciones por índice propio, subsidios no segmentados) con una fuente de financiamiento débil: la renegociación de deudas provinciales.
Para el Gobierno, aprobar este dictamen alternativo con esa «cláusula oculta» significaría dinamitar su promesa de déficit cero y obligaría al Banco Central a emitir una cantidad ingente de pesos, reactivando la espiral inflacionaria que se intenta contener. El ministro de Economía ha calificado la jugada como «la madre de todas las trampas», ya que de ser aprobada, el Poder Ejecutivo se vería obligado a vetar todo el Presupuesto, arriesgando el año fiscal. La mesa chica de Casa Rosada trabaja contra reloj negociando con bloques «dialoguistas» para eliminar el artículo que habilita este gasto sin recursos, un artículo que, de implementarse, resultaría ser la traición más descarada a la estabilidad económica prometida. Este es el verdadero costo político de la batalla por el Presupuesto.
