La sentencia que debía cerrar el caso de Daniel Orozco y Janina Ortiz tendrá que esperar. La jueza Dolores Ramón se inhibió el 2 de octubre de intervenir en el juicio abreviado que acordaron el exintendente de Las Heras y la legisladora con la Fiscalía, y ahora el Tribunal Penal Colegiado deberá sortear a otro magistrado para que homologue —o no— el acuerdo.
Ambos se declararon culpables el 25 de septiembre. Hasta que un juez dicte sentencia, el acuerdo no está firme.
Por qué se apartó la jueza
Según informó Los Andes, Ramón explicó que ya había “emitido opinión y pronunciamiento” en la misma causa al resolver los sobreseimientos de otros seis imputados. Por eso consideró que seguir a cargo del juicio abreviado podía afectar su “garantía de imparcialidad”. La decisión no cuestiona el acuerdo en sí, pero suma semanas a un expediente que ya parecía terminado.
El apartamiento se da en una semana en la que otra inhibición sacudió a la Justicia mendocina: el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, también se apartó de la causa D’Agostino.
Qué acordaron Orozco y Ortiz
El acuerdo de juicio abreviado presentado ante el tribunal establece:
- Pena: 3 años de prisión en suspenso para cada uno.
- Inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
- Delitos reconocidos: en el caso de Orozco, cuatro hechos de peculado; en el de Ortiz, cuatro hechos de peculado más uso de documento público falso y amenazas coactivas simples.
De acuerdo con la acusación del fiscal de Delitos Económicos e Informáticos Juan Ticheli, con los fiscales adjuntos María Paula Quiroga y Gustavo Pirrello, el perjuicio a las arcas municipales fue de $35.511.386,14 entre 2021 y 2023. Los fondos se habrían desviado a través de la cooperativa de trabajo “Manos a la Obra Limitada”, que la Fiscalía describió como ficticia.
El impacto político
La inhabilitación perpetua es el punto más relevante para la política mendocina: si se homologa, ninguno de los dos podrá volver a ocupar un cargo público. En el caso de Ortiz, además, la condena abre el camino para resolver su situación en la Legislatura, donde ya se discutía cómo sería su expulsión y quién ocuparía la banca.
El caso también sigue pesando en Las Heras, el departamento que Orozco gobernó y que hoy conduce Francisco Lo Presti, envuelto en sus propias polémicas por la licitación de la recolección de residuos.
Qué sigue
- El Tribunal Penal Colegiado hará el sorteo para designar al nuevo juez o jueza.
- Quien resulte sorteado deberá analizar el acuerdo y decidir si lo homologa tal como fue presentado.
- Recién con la sentencia la condena quedará formalizada y empezará a correr la inhabilitación.
Mientras tanto, Orozco y Ortiz siguen con la culpabilidad admitida pero sin una condena dictada, una situación que mantiene abiertas las preguntas sobre la banca legislativa y sobre el resto del expediente.
Fuentes: Los Andes; Diario UNO; Ministerio Público Fiscal de Mendoza.
