Fideicomiso con Venezuela: Un Oscuro Capítulo en la Historia de Negocios Bilaterales. Hace casi dos décadas, el fideicomiso bilateral entre Argentina y Venezuela se alzaba como un hito en la relación comercial entre ambos países. Firmado por Néstor Kirchner y Hugo Chávez, este acuerdo prometía ser una oportunidad económica sin igual. Por un lado, Argentina accedía a combustible venezolano a precios bajos, financiado con fondos públicos compartidos. Por otro lado, empresarios argentinos se beneficiaban de este financiamiento estatal para exportar productos necesarios para Venezuela. En teoría, era un negocio para todos, pero en la práctica, el fideicomiso se convirtió en una plataforma para que ciertos empresarios amasaran fortunas mediante ventas con sobreprecios, con la complicidad de funcionarios de ambos países.
Una minuciosa investigación periodística llevada a cabo por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Infobae y el medio venezolano Tal Cual, ha arrojado luz sobre esta controvertida historia. Esta investigación tuvo acceso a una filtración anónima de informes confidenciales de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, que revela los cuantiosos movimientos de dinero realizados por empresarios después de vender productos a Venezuela a través de este fideicomiso bilateral. Por primera vez, se desglosa la cantidad de dinero ganado, cómo se ocultaron esos activos, en qué inversiones se canalizaron y, en muchas ocasiones, cómo se beneficiaron de la amnistía fiscal implementada por Argentina en 2016 para legalizar fondos sin explicar su origen.
Los informes secretos de la UIF, que forman parte de la filtración conocida como Un ´Fondo sin fondo’, revelan cientos de operaciones fraudulentas que, en muchos casos, sugieren la existencia de sobornos a funcionarios que facilitaron el saqueo del patrimonio público venezolano, en medio de una creciente crisis humanitaria en ese país. Estas maniobras incluyen la retirada de millones de dólares en efectivo, la creación de sociedades en paraísos fiscales, transferencias bancarias sospechosas, el uso de testaferros y la sistemática aplicación de sobreprecios.
Estos informes, hasta ahora desconocidos, también detallan cómo los llamados ‘bolichicos argentinos’ emplearon empresas offshore y otras tácticas financieras para desviar los fondos públicos venezolanos hacia la adquisición de diversos activos, como propiedades, automóviles de lujo y embarcaciones en Miami. Mientras se concretaban estos negocios, la UIF alertó sobre decenas de transferencias bancarias desde cuentas vinculadas a los empresarios argentinos hacia empresas en paraísos fiscales, con beneficiarios finales venezolanos. Las autoridades tienen sospechas de que estas transferencias podrían haber encubierto sobornos.
Los documentos oficiales, que abarcan desde 2009 hasta 2018, se basan en datos de organismos públicos argentinos, registros privados en el extranjero y también información proporcionada por otras unidades de inteligencia financiera, entre otras fuentes. A pesar de que estos informes confidenciales llegaron a los tribunales, la Justicia argentina ha avanzado muy poco en las acusaciones contra los empresarios locales, en gran parte debido a la falta de colaboración por parte de Venezuela, necesaria para validar estas maniobras como pruebas concretas.
Mientras algunos casos se archivaron debido a la falta de cooperación venezolana, muchos otros aún están en proceso de investigación. Hasta la fecha, solo se han realizado dos acusaciones contra argentinos por supuestas actividades ilegales dentro del fideicomiso bilateral: el caso del empresario Juan José Levy, ya procesado por lavado de dinero, y dos empresarios locales vinculados a la firma Trinswol SA, que fueron interrogados la semana pasada por el juez Marcelo Aguinsky por la supuesta exportación de cereales con sobreprecios.
En Venezuela, no se ha anunciado públicamente ningún expediente oficial relacionado con este fideicomiso. Aunque se menciona una investigación por irregularidades en un documento judicial al que tuvo acceso este equipo, no se han revelado más detalles al respecto. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, afín al gobierno de Nicolás Maduro, tampoco ha respondido a las solicitudes de información enviadas por jueces federales argentinos como Julián Ercolini, Sebastián Casanello y Aguinsky para avanzar en los casos.
El fideicomiso bilateral, inicialmente presentado como una herramienta que impulsaría la economía de ambos países, se distorsionó en la práctica y se convirtió en un negocio opaco para unos pocos. Las empresas argentinas vendían sus productos inflando los precios y, en muchas ocasiones, canalizaban compras en China para luego revenderlos a precios más elevados en Venezuela. Surgieron negocios menos tangibles y difíciles de rastrear, como consultorías o asesorías para enseñar a los venezolanos a utilizar los productos vendidos, que implicaron contratos millonarios. La UIF sospecha que todas estas desviaciones del plan original del fideicomiso podrían esconder actividades ilícitas.
El fideicomiso bilateral, que movió más de USD 2.500 millones en más de una década, fue cancelado por el gobierno de Mauricio Macri a mediados de 2016 debido a las numerosas sospechas de corrupción que lo rodeaban. Con el regreso del kirchnerismo, el presidente Alberto Fernández reanudó las relaciones comerciales con el gobierno de Maduro. Aunque esto ha pasado relativamente desapercibido, unos 70 empresarios argentinos se han acercado en los últimos meses a Venezuela en busca de nuevas oportunidades de inversión en diversos sectores. Han creado la Asociación de Productores Argentinos en Venezuela, con el respaldo del embajador Oscar Laborde, quien es afín al kirchnerismo, a pesar de las preocupaciones sobre el carácter antidemocrático del régimen de Maduro.
El fideicomiso bilateral representó una era dorada para los negocios oscuros con Venezuela. Aunque las exportaciones argentinas a ese país aumentaron un 38% en 2022, según datos oficiales, el saldo positivo apenas supera los USD 200 millones, muy por debajo de las cifras anteriores. Esta investigación periodística destapa la historia de Baldric SA, una empresa fantasma creada por un venezolano en Buenos Aires, que obtuvo un contrato a medida por casi USD 8 millones para revitalizar un frigorífico en Venezuela que operaba de manera parcial. Esta es la primera de una serie de historias que Infobae y otros medios publicarán, exponiendo la operación de un pequeño grupo de oportunistas que se enriquecieron con negocios turbios relacionados con el chavismo.
Esta investigación fue realizada por una alianza periodística encabezada por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el respaldo del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Infobae Argentina y el sitio venezolano Tal Cual.
