La negociación en el Congreso por la polémica Ley Ómnibus ha llegado a un punto de quiebre absoluto, y el motivo no es ninguno de los artículos más discutidos públicamente. Un pasaje escondido en el Anexo VII, referente a la reestructuración de fondos fiduciarios provinciales, ha generado una indignación tal en los bloques dialoguistas que su aprobación pende de un hilo.
El artículo 215, titulado «Adecuación de Mecanismos de Fideicomisos de Garantía», permite al Ejecutivo Nacional la potestad unilateral de auditar, modificar o, en última instancia, liquidar fideicomisos creados por ley provincial, siempre que reciban aportes parciales o totales de jurisdicción federal. Esta disposición afecta directamente a fondos críticos, como el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica en Cuyo y el Fondo de Desarrollo Regional del Norte, instrumentos claves para obras de largo aliento en provincias.
Fuentes cercanas al bloque de la UCR confirmaron a Box Diario que la redacción del artículo es deliberadamente vaga. Si bien se presenta como una medida de «saneamiento y transparencia», en la práctica, centraliza el control de la obra pública y de la gestión de recursos esenciales, dejando a los gobernadores a merced de la discrecionalidad federal. El impacto inesperado y más alarmante se centra en la posibilidad de paralizar proyectos ya licitados o en curso que dependen de estos stocks de garantía.
La Ley Ómnibus está pensada como una herramienta de descentralización, pero esta cláusula haría exactamente lo contrario. Para Mendoza, por ejemplo, el riesgo radica en la potencial afectación del manejo de fondos destinados a proyectos de energía renovable y a la crítica infraestructura vitivinícola, sectores vitales para la economía regional. La decisión de liquidar un fideicomiso por parte del gobierno central no requeriría aprobación legislativa posterior, lo que se percibe como una injerencia inaceptable.
«Es una trampa, una jugada de ajedrez para obligar a las provincias a negociar cada obra individualmente. Esto viola el espíritu federal», comentó un diputado mendocino en off the record. El oficialismo sostiene que es necesario frenar el uso «político» de estos fondos, pero la oposición lo ve como una herramienta de extorsión.
La indignación es palpable. Los gobernadores han emitido comunicados internos expresando su rechazo total. El bloque «Provincialista» ya advirtió que votará en contra de la ley si el artículo no es retirado íntegramente de la redacción. Este pequeño pasaje, que pasó desapercibido en las primeras lecturas, se ha convertido en el principal obstáculo, demostrando que en el juego del poder, los detalles más pequeños esconden las mayores consecuencias. El futuro de la ley se define en estas horas, y la soberanía provincial está en el centro de la disputa.
