En una inesperada y tumultuosa sesión este miércoles, Janina Ortíz, la diputada de La Unión Mendocina, que asumió su cargo hace apenas 10 días, sorprendió a todos al presentarse en la Legislatura mendocina para participar en la votación de su propio desafuero.
La Cámara de Diputados, por unanimidad, aprobó los pedidos de desafuero de Janina Ortíz, retirando así su inmunidad procesal. Esta decisión la deja ahora imputada por delitos de fraude a la administración pública y coacciones. Durante la votación, la diputada Ortíz optó por ausentarse de su banca, añadiendo aún más dramatismo al momento.
En el proceso, Ortíz presentó un escrito haciendo referencia al artículo 167 de la Constitución mendocina, destacando la ausencia de una ley reglamentaria sobre la «inmunidad de arresto» para los legisladores. Hizo hincapié en que, según la legislación nacional, no existe tal inmunidad de arresto y que el llamado a indagatoria no afecta los privilegios de ningún legislador. Esto sugiere que Ortíz podría enfrentar las acusaciones sin restricciones legales especiales.
En medio de la controversia, Ortíz afirmó ante los medios presentes en la Legislatura: «Presenté una denuncia por persecución política y violencia de género en organismos internacionales». Aunque aseguró que acatará la decisión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados de Mendoza, que emitió un despacho por mayoría para proceder al desafuero.
El proceso de desafuero se llevó a cabo tras los pedidos separados de desafuero presentados por el fiscal Flavio D’Amore y la fiscal Patricia Atur, ambos relacionados con las acusaciones de fraude y coacción, respectivamente.
Janina Ortíz, ex Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, está en el ojo del huracán por presunto fraude a la administración pública. La situación se complica aún más con la viralización de un audio en el que aparentemente planifica un escrache contra el gobernador Alfredo Cornejo, lo que ha generado críticas y condenas.
El dictamen de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, aprobado con el voto de representantes de la UCR, PRO y el Partido Verde, indica que el escándalo político en torno a Ortíz está lejos de concluir. La renuncia de la diputada y la aprobación del desafuero plantean incertidumbres sobre el futuro político de Ortíz y su repercusión en la escena política mendocina. Este desarrollo continuará siendo objeto de atención en los próximos días.
