Las cárceles de Mendoza vuelven a estar bajo la lupa internacional. Este lunes 5 y martes 6 de octubre, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por su presidente, el abogado guatemalteco Edgar Stuardo Ralón, recorre los complejos penitenciarios de San Felipe, en la Ciudad, y Almafuerte, en Campo Cacheuta, para verificar en qué condiciones viven las personas privadas de la libertad.
La visita es parte del seguimiento de una medida cautelar que lleva más de una década abierta y que pone en discusión uno de los problemas estructurales del sistema carcelario provincial: la sobrepoblación.
El origen del caso: una denuncia de 2014
El expediente comenzó en 2014, cuando el abogado Carlos Varela Álvarez pidió una medida cautelar ante el sistema interamericano por el hacinamiento en ambos complejos. Mendoza ya tenía antecedentes en ese ámbito: el caso de las Penitenciarías de Mendoza es uno de los más conocidos del sistema regional desde comienzos de los años 2000.
En 2025, el peticionario y el Gobierno provincial firmaron un acuerdo en Washington. El compromiso fue claro: la medida cautelar podría levantarse si la Provincia ejecutaba un plan de acción que mejorara efectivamente las condiciones de detención. La inspección de esta semana servirá, justamente, para medir cuánto se avanzó.
Qué van a revisar en San Felipe y Almafuerte
Según la información difundida por Diario Uno y otros medios locales, la recorrida incluye a personal del organismo interamericano, funcionarios de la Cancillería argentina y al abogado denunciante. Entre los puntos que estarán en observación figuran:
- Sobrepoblación: la cantidad de internos por celda y la capacidad real de cada pabellón.
- Acceso a la salud: atención médica y tratamientos dentro de los penales.
- Educación y trabajo: la cobertura de programas educativos y laborales para los internos.
- Alimentación y agua: la calidad de la comida y del agua potable, especialmente en San Felipe.
- Visitas y seguridad: el impacto del hacinamiento en los vínculos familiares, en los conflictos internos y en las agresiones contra el personal penitenciario.
La postura del denunciante
Varela Álvarez sostuvo ante la prensa local que el hacinamiento sigue siendo el problema más grave del sistema y graficó que «muchas personas duermen en la misma celda». También advirtió que la superpoblación agrava las peleas internas y complica el seguimiento de los procesos judiciales de los detenidos.
El tema tiene además un capítulo judicial en la provincia. Por la calidad del agua en San Felipe se presentó un hábeas corpus colectivo que, según Diario Uno, fue rechazado en mayo por el juez Diego Flamant; de acuerdo con otros medios locales, la cuestión quedó en análisis de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Un debate que llega en plena agenda de seguridad
La inspección coincide con un momento en que la política de seguridad ocupa un lugar central en la agenda provincial. La Cámara de Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, y el Gobierno discute en paralelo el Presupuesto 2027 que presentó Víctor Fayad, donde se definen los recursos para infraestructura, incluida la penitenciaria.
Qué sigue
Tras la recorrida, el organismo interamericano elaborará sus conclusiones y fijará criterios, lineamientos y recomendaciones para el Gobierno de Mendoza. Ese informe será clave para definir si la medida cautelar se levanta, como prevé el acuerdo de 2025, o si se mantiene con nuevas exigencias.
Qué significa para los mendocinos
Más allá de lo jurídico, el resultado puede tener impacto presupuestario: si las recomendaciones exigen obras, nuevas plazas o más personal, la Provincia deberá contemplarlo en sus próximas partidas. Para seguir el debate sobre cómo se reparten los fondos públicos, se puede consultar el detalle de las obras previstas en el Presupuesto 2027 por departamento.
Fuentes: Diario Uno, Mendoza Today.
