El reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que modifica la Ley de Deportes, podría estar en tela de juicio debido a un artículo clave de la Constitución Nacional.
El Artículo 99, inciso 3, establece las condiciones bajo las cuales estos decretos pueden ser emitidos, pero también puntualiza las circunstancias que hacen posible su caducidad en caso de falta de aprobación legislativa.
El inciso 3 del Artículo 99 establece que el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia en circunstancias excepcionales, pero estos deben ser sometidos a la aprobación del Congreso dentro de los dos días hábiles posteriores a su promulgación. Si el Congreso no los avala, los decretos caducan.
En el caso del DNU de Milei, se plantea la interrogante sobre su constitucionalidad. La modificación realizada por este decreto afecta a la Ley de Deportes, una ley considerada ordinaria. Estas leyes ordinarias pueden ser modificadas por decretos de necesidad y urgencia solo en situaciones excepcionales que exijan una respuesta inmediata del Poder Ejecutivo.
En esta ocasión, no está claro si las circunstancias que llevaron a la firma del DNU de Milei son realmente excepcionales. La regulación del fútbol argentino ha estado bajo la Ley de Deportes durante décadas, y no hay evidencia clara que sugiera una situación de emergencia justificable para modificar esta ley mediante decreto.
Además, el DNU de Milei podría ser cuestionado por su impacto directo en los clubes de fútbol. Al permitir la transformación de estos clubes en sociedades anónimas, se plantea la posibilidad de un cambio significativo en su estructura y funcionamiento, lo que algunos sectores consideran podría derivar en su privatización, alterando su identidad y tradición.
Si el Congreso no aprueba el DNU de Milei dentro de los dos días hábiles posteriores a su promulgación, el decreto perderá validez. No obstante, el Congreso también podría impugnar la constitucionalidad del decreto ante la Corte Suprema de Justicia, que, en caso de declararlo inconstitucional, lo invalidaría por completo.
