La indignación es total en Mendoza. Lo que guardaparques y autoridades del Parque Provincial Aconcagua presenciaron este miércoles es mucho más que una simple falta de tránsito: fue un ataque directo al patrimonio natural de la provincia. Dos turistas Aconcagua de nacionalidad suiza y francesa fueron demorados tras ser filmados realizando maniobras peligrosas, comúnmente conocidas como “drift” o “trompos”, con su camioneta de alquiler sobre los senderos de acceso al parque.
La acción, realizada con una impunidad asombrosa, se produjo en una zona de alta fragilidad ecológica, cerca del Puesto de Guardaparques de Horcones. Los turistas Aconcagua ignoraron la señalización y el riesgo de dañar la flora y fauna del ecosistema de alta montaña, una zona que se recupera lentamente de las inclemencias del clima y la presencia humana. La imprudencia fue capturada por otros visitantes y rápidamente viralizada, generando un repudio generalizado en redes sociales.
Pero la anécdota de mal gusto se transforma en un serio problema legal. La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, junto a la Dirección de Recursos Naturales Renovables, activó de inmediato el protocolo de infracciones ambientales. El daño producido por las maniobras con el vehículo en el suelo de la reserva se considera un delito ambiental grave, ya que compacta el suelo, dificulta el crecimiento de especies nativas y contamina con aceites o combustibles.
El castigo que recibirán estos visitantes, que se encuentran a disposición de la Justicia provincial, podría sentar un precedente histórico en la jurisprudencia ambiental de Mendoza. Las multas por infracciones graves en áreas naturales protegidas pueden ascender a cifras millonarias, además de la retención del vehículo y la posible prohibición de reingreso al país. La ley es clara: la protección del Aconcagua no es negociable, sin importar la procedencia del infractor.
Box Diario ha tenido acceso a fuentes cercanas a la investigación, que confirman que se está buscando la máxima pena económica posible, con el objetivo de que este caso sirva como mensaje a todos los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, sobre la seriedad de la conservación mendocina. El daño al ecosistema es potencialmente irreversible en el corto plazo, y el Gobierno tiene la oportunidad de demostrar que el orgullo por nuestra tierra se defiende con acciones legales contundentes. La sociedad mendocina exige un castigo ejemplar.
