El caso de los tres feriantes de Mendoza imputados por atrapar a un ladrón generó una ola de «indignación» social que finalmente encontró un giro judicial. Te contamos cómo y por qué se cerró la causa que los tenía acusados por «privación ilegítima de la libertad».
El caso de los feriantes de un mercado mendocino que, en un acto de defensa civil, atraparon a un ladrón y terminaron imputados por la Justicia, se convirtió en un símbolo de la «indignación» ciudadana ante la percepción de la «puerta giratoria» de la justicia penal. Tras meses de incertidumbre, se dictó el fin de la causa penal contra los tres trabajadores.
La «indignación» de la sociedad se centró en la paradoja: los Feriantes Ladrón detuvieron a un delincuente en flagrancia y, sin embargo, fueron acusados de «privación ilegítima de la libertad» por la acción. El argumento judicial inicial era que el uso excesivo de la fuerza y la retención del ladrón excedieron los límites permitidos para la defensa propia. Esto desató un debate feroz sobre los derechos de la víctima y la actuación de los ciudadanos.
El giro que puso fin a la causa penal se dio mediante la figura de la probation (suspensión del juicio a prueba). Si bien esta figura no los absuelve por completo, permitió que los Feriantes Ladrón evitaran el juicio oral y, lo más importante, que el Estado reconociera la particularidad del caso. El fiscal argumentó que, si bien la retención existió, el contexto de flagrancia y la falta de antecedentes penales de los feriantes justificaba no continuar con un proceso que generaba «indignación» social.
El cierre del caso trajo un «alivio», pero no acalló la «indignación» de fondo. El dilema moral sobre cómo debe actuar un ciudadano ante un delito sigue abierto. Para los mendocinos, la historia de los Feriantes Ladrón es un recordatorio de que la línea entre el «héroe» y el «imputado» es delgada y que la justicia necesita urgentemente revisar cómo se interpretan las acciones de defensa civil.
