La implementación de un Registro Integral para proyectos extractivos desata la alarma ambientalista. Organizaciones exigen la publicación en tiempo real de los datos sobre el uso del recurso hídrico.
El Gobierno de Mendoza acaba de implementar el Registro Integral de Proyectos Mineros, una herramienta que, si bien se presenta como un avance en transparencia y fiscalización, generó una inmediata y profunda preocupación entre los defensores del medio ambiente. En una provincia regida por la Ley 7722 (que prohíbe el uso de sustancias tóxicas), cualquier movimiento en el sector minero es mirado con lupa.
La preocupación central radica en la intención subyacente. Los ecologistas temen que este registro sea el primer paso hacia una flexibilización de los controles o un intento de «maquillar» la actividad para futuros proyectos. La palabra clave Proyectos Mineros Mendoza es sinónimo de debate sobre la protección del agua.
Organizaciones como las Asambleas por el Agua Pura exigen que la información contenida en el registro, especialmente los datos de las auditorías de impacto ambiental y, crucialmente, los detalles sobre el consumo hídrico de cada emprendimiento, sean de acceso público y en línea. La desconfianza histórica hacia la transparencia de la actividad minera es el motor de esta demanda.
El Ejecutivo defiende la medida como necesaria para modernizar la supervisión y garantizar el cumplimiento estricto de la ley. Sin embargo, la sociedad civil cuestiona la capacidad del Estado para auditar eficazmente a las grandes corporaciones, pidiendo que se fortalezcan los organismos de control antes de crear nuevas capas burocráticas.
Este nuevo sistema es un juego de equilibrios político: se busca atraer inversión, pero sin desatar la furia social que en el pasado frenó proyectos clave. La preocupación no cederá hasta que el gobierno demuestre, con datos abiertos y verificables, que este registro es una herramienta real para proteger el agua y no una maniobra para reactivar la minería a gran escala.
