En las últimas horas, la Legislatura de Mendoza introdujo una enmienda en la Ley de Presupuesto que crea un nuevo «Aporte Solidario Ambiental» que actúa como un impuesto oculto sobre los servicios domiciliarios. Esta tarifa encubierta ha causado indignación porque comenzará a cobrarse en la factura de luz o gas de mañana, sin debate público ni anuncios previos.
La transparencia en la gestión pública es una demanda constante de los ciudadanos, pero la Legislatura de Mendoza ha vuelto a encender la polémica con la aprobación de un impuesto oculto que ha desatado una ola de indignación. La maniobra se realizó mediante la inclusión de un artículo de última hora en el cuerpo de la Ley de Presupuesto, evadiendo el escrutinio público y el debate en comisión. El resultado es un nuevo cargo que impactará directamente en el bolsillo de todos los mendocinos mañana mismo.
El nuevo gravamen se denomina «Aporte Solidario Ambiental para la Gestión de Residuos Especiales», y aunque su nombre suena benéfico, funciona como un recargo fijo sobre las boletas de servicios esenciales como la luz y el gas. La justificación de la Legislatura es financiar un nuevo programa de reciclaje, pero el problema es doble:
- Carácter Oculto: El artículo fue introducido de forma subrepticia, sin que los legisladores de la oposición tuvieran tiempo de analizarlo a fondo ni alertar a la ciudadanía.
- Cobro Inminente: La ley establece que el impuesto oculto comenzará a regir en la primera facturación posterior a su publicación, lo que significa que el cobro podría verse reflejado tan pronto como mañana o en los días siguientes.
El economista y analista tributario, Dr. Luis Ramos, afirmó que esta práctica genera una profunda indignación. «Es una tarifa encubierta. Si es un impuesto para toda la población, debe ser tratado como tal, con audiencias públicas y debate. Introducirlo como un ‘aporte’ en una ley ómnibus es un acto de secreto que evade la responsabilidad política. Es la peor forma de hacer política fiscal en un contexto inflacionario».
Varios bloques de la oposición en la Legislatura han anunciado que presentarán un pedido de nulidad del artículo, argumentando inconstitucionalidad por no haber pasado por el proceso legislativo adecuado para un nuevo impuesto. Sin embargo, la batalla judicial será larga, y mientras tanto, el mendocino deberá comenzar a pagar este nuevo cargo que se suma a la creciente presión fiscal.
La indignación de los ciudadanos se centra en la forma y el secreto con que se aprobó este impuesto oculto. Es un recordatorio de que la vigilancia sobre el poder legislativo debe ser constante, especialmente cuando se trata de nuevas cargas que afectarán directamente la calidad de vida de las familias de Mendoza a partir de mañana.
