Tras 30 años de vigencia, un decreto que regulaba los aranceles de los colegios privados fue derogado, generando inmediata indignación en miles de familias. La nueva medida permite a las instituciones fijar sus cuotas sin autorización previa, lo que podría desatar aumentos sin precedentes.
El gobierno nacional derogó un decreto de 1993 que obligaba a los colegios privados a informar y justificar los aumentos de sus cuotas ante el Estado. La medida, que ha sido calificada como desregulación, generó inmediata indignación en el sector de clase media que financia la educación de sus hijos.
La indignación surge de la percepción de desprotección. Antes, el decreto funcionaba como un control, obligando a las instituciones a seguir un marco que consideraba la estructura de costos y la inflación. Ahora, al eliminarse ese control clave, los colegios con subsidios estatales podrán fijar sus aranceles con total libertad. El temor generalizado, y la causa de la indignación, es que los aumentos se dupliquen o tripliquen para equiparar los costos operativos que, según las escuelas, estaban «pisados».
Los padres se encuentran ahora sin un organismo estatal que interceda o regule la razonabilidad del aumento. Si bien el Ministerio de Educación de Mendoza aclaró que la medida no rige en la provincia para los colegios subsidiados (por regulaciones provinciales), la decisión nacional sienta un precedente preocupante. La libre determinación de aranceles podría dejar a miles de familias fuera del sistema de educación privada si los aumentos son desmedidos. La indignación, por lo tanto, no es solo por la subida de precios, sino por la repentina eliminación de un mecanismo que buscaba equilibrar la calidad educativa con la accesibilidad económica.
