El paquete de reformas del gobierno nacional esconde una cláusula que afecta directamente los recursos hídricos y mineros de la provincia. La revelación generó un fuerte cruce entre los legisladores mendocinos.
El debate en torno a la Ley Ómnibus en el Congreso Nacional ha entrado en su fase más caliente, y lo que parecía ser una discusión de alcance federal, ha revelado un artículo secreto que paraliza a Mendoza. Este punto, que pasó desapercibido en el análisis inicial del mega-paquete, afecta directamente la autonomía provincial en la gestión de recursos naturales, generando una profunda incertidumbre en el ámbito político y económico local.
El controversial artículo secreto se centra en una modificación sutil a la Ley de Aguas Nacionales, la cual podría otorgar al Ejecutivo Nacional la potestad de declarar «zona de interés estratégico» a ciertas cuencas hídricas. Para Mendoza, una provincia desértica donde el agua es un recurso vital y escaso, esta potencial intervención federal generó incertidumbre. La clase política teme que se utilice esta herramienta para forzar el avance de proyectos mineros de gran escala que hoy están vetados por la Ley 7722, o para intervenir en la distribución del recurso que hoy administra el Departamento General de Irrigación.
La alarma fue encendida por un legislador del oficialismo mendocino, quien en la noche del miércoles alertó a la prensa sobre la existencia de este texto que podría afectar el manejo autónomo de la provincia. La Ley Ómnibus busca acelerar las inversiones, pero los mendocinos ven en este punto una amenaza a la soberanía hídrica. Las cámaras empresariales y las organizaciones ambientalistas han reaccionado de inmediato, exigiendo a los diputados nacionales de Mendoza que voten en contra de ese artículo en particular.
La incertidumbre se centra en cómo impactará esta medida en la planificación a largo plazo de la provincia, especialmente en el sector agroindustrial, el cual depende de la estricta regulación actual. El gobernador ha solicitado una reunión urgente con los bloques para exigir explicaciones y solicitar una cláusula de excepción para las provincias con legislación ambiental protectora. El destino de la Ley Ómnibus no solo se juega en el Congreso, sino en cómo afectará el futuro de los recursos esenciales de Mendoza.
