El Gobierno de Mendoza está evaluando un incremento del 33,3% en la tarifa del agua para el año 2025. Este ajuste se suma a los aumentos significativos de los últimos años, acumulando más del 440% solo en 2024. A pesar de estas subas, la calidad del servicio ha disminuido, con barrios enteros experimentando cortes de agua y baja presión sin inversiones visibles que justifiquen los incrementos.
Propuestas de aumento para 2025
El Departamento General de Irrigación, que recientemente absorbió las funciones del disuelto Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), ha sugerido al Poder Ejecutivo Provincial tres alternativas para implementar el aumento del 33,3% en la tarifa del agua:
- Incremento único en enero: Aplicar un aumento del 33,3% al inicio del año.
- Dos incrementos semestrales:
- 25% en enero.
- 6,64% acumulativo en julio.
- Incrementos bimestrales: Seis aumentos del 4,91% cada dos meses (febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre).
La decisión final sobre cuál de estas opciones se implementará recae en el Gobierno Provincial.
Impacto acumulado de los aumentos
Desde 2024, las tarifas del servicio de agua en Mendoza han experimentado incrementos significativos, superando el 440% en total. Este nuevo ajuste propuesto para 2025 profundizaría aún más el impacto económico en los usuarios.
Calidad del servicio y falta de inversiones
A pesar de los constantes aumentos tarifarios, muchos usuarios han reportado una disminución en la calidad del servicio. Se han registrado casos de barrios enteros sin suministro de agua durante días y con baja presión durante semanas. Además, no se observan inversiones significativas que justifiquen estos incrementos, lo que genera preocupación y descontento entre los habitantes de Mendoza.
Conclusión
Es crucial que los ciudadanos de Mendoza estén informados sobre estos posibles aumentos en la tarifa del agua y sus implicancias. Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y participar en espacios de discusión para expresar sus inquietudes y demandas respecto a la calidad del servicio y la transparencia en el uso de los fondos recaudados.
